La situación de los jóvenes inmigrantes en los centros de acogida, a debate
El sindicato ESK ha organizado una charla, el martes en Barrena
Diario Vasco, , 23-04-2008ORDIZIA. DV. Ante la próxima celebración del 1 de Mayo, el sindicato ESK ha organizado para el próximo martes, a las 7 de la tarde en el palacio Barrena, una charla debate sobre la situación de los jóvenes inmigrantes en los centros de acogida. En este contexto, precisamente el de Segura ha sido noticia recientemente.
Así las cosas, en la charla-debate tomarán parte como ponentes. Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo, Maixabel Telleria, alcaldesa de Segura, y Ester García, educadora de centros de acogida.
En la presentación que tuvo lugar ayer, en la propia Casa de Cultura, Jon García, miembro del sindicato ESK, expuso que «el hilo conductor de la conferencia será la situación de los jóvenes inmigrantes en los centros de acogida, porque a raíz de algunos incidentes que se han producido en estos centros, y ante la dimensión que se le ha dado, por parte de algunos medios, desde el sindicato ESK hemos creído conveniente poner sobre la mesa esta patata caliente que a nadie le gusta, para discutir, debatir y de algún modo, poder contrarrestar algunas informaciones que no son del todo ciertas».
Jon García aludió a las condiciones y a la dureza del propio viaje a la hora de abandonar el lugar de origen, a la situación de desarraigo de quien llega a un país desconocido dejando atrás su tierra y poco más, y que a su vez lo era todo, sin olvidar, apuntó, «que hay jóvenes que han perdido a su familia e incluso que ya no la tenían». «No tienen apenas conocimientos de nuestro idioma y de nuestra cultura, desconocen su futuro y esperan con ansiedad un permiso de residencia que nunca llega», apostilló.
A modo de anticipo de su disertación, Peio Aierbe dijo que el tema que nos ocupa evidencia que «el servicio de la Diputación no funciona». Aunque es evidente que los chavales salen adelante, el alto número de fracasos exige una reflexión sobre el problema.
En primer lugar, enunció, hay que tener en cuenta que son adolescentes, etapa de la vida en la que la conflictividad es un recurso. La cuestión reside en poner los medios necesarios para encauzar con éxito la tarea de educarles, apoyándose en lo que cada uno de esos adolescentes lleva en su mochila; su determinación por salir adelante, y lo bien que responden ante el aprendizaje de un oficio, porque su objetivo es trabajar.
La clave, indicó, es que falla la gestión. La Diputación, responsable de este menores, expuso, «cuenta con recursos suficientes pero no controla ni lleva a cabo el correspondiente seguimiento. Y las empresas que gestionan esos recursos fracasan estrepitósamente, sobre todo en lo fundamental; en la labor de formar equipos educadores capaces de llevar adelante, con éxito, su cometido». «En dos meses, por los pisos de Zaldibia e Idiazabal relató- han pasado 43 personas entre educadores y auxiliares».
Basta, añadió, «con escuchar lo que manifiestan estos educadores para tener las claves de lo que hay que cambiar. Cosa que no se hace».
Modelo de gestión
Peio Aierbe reclamó un cambio radical en el modelo de gestión que debe tener en cuenta: ubicación geográfica y equipamientos de los recursos de acogida, desde la perspectiva de que no pueden estar totalmente alejados de la escuela a la que acuden.
Gestión de la documentación; permisos de residencia, tarjeta sanitaria, empadronamiento. Atención sanitaria (que incluya tratamiento de consumos).
Soporte de apoyo a los equipos educativos, que calificó de trascendental. Condiciones laborales del personal contratado. Participación de los menores. Y revisar a fondo los recursos de emancipación.
Peio Aierbe insistió en que los equipos de educadores tienen que ser estables porque los adolescentes deben tener una persona de referencia encargada de su educación. El desastre que ha acompañado a esta gestión, comentó, «ha asociado al menor inmigrante con todo tipo de problemas, algo que no se corresponde con la realidad porque no son tan distintos de nuestros menores». Por todo ello, concluyó, «la Diputación debe admitir las cuestiones que no funcionan y actuar en consecuencia».
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