La policía irrumpe en la calle Martínez Aloy, en el barrio de Giorgeta, para sorpresa de los vecinos a las ocho y media de la mañana. Tras meses de quejas y denuncias vecinales por la inseguridad y la acumulación de basura, los agentes procedieron ayer al desalojo de cuatro edificios que se encontraban ocupados de manera ilegal. Hace casi dos años que inmigrantes rumanos y árabes viven en las viviendas deshabitadas, llegando incluso a “realquilarlas a terceros para ganar dinero”. Y todo ello, “en presencia de algunos vecinos que aún viven allí”, explicó un comerciante de la zona.

En concreto, se trata de los patios 7, 9, 11 y 13 de la calle. El primero de ellos ya tiene desde hace tiempo la puerta tapiada. “Dos ancianos vivían en el bloque. Uno murió y el otro se marchó porque no aguantaba la situación”, añadió una vecina de Giorgeta. El patio se cerró para evitar que entraran para ocuparla “pero lo han hecho de todos modos con un agujero en la pared que comunica con el edificio contiguo”, añadió otro de los vecinos que presenciaron el desalojo.

Eran las 12.30 horas y los deshauciados seguían llenando la calle con sus pertenencias. Carros, bolsas y maletas impedían el tránsito por la acera. Mientras cerrajeros colocaron rejas en los patios para impedir que los indigentes volviesen a entrar. Después se entregarían copias al resto de inquilinos de que aún habitan allí, y para los que estos últimos meses la estancia en sus viviendas se ha convertido en un aténtico infierno. “El barrio se ha deteriorado, han bajado la ventas de los comercios y muchos hemos sufrido de cerca la extorsión y las amenazas de los nuevos inquilinos”, comentó a LAS PROVINCIAS un comerciante. Entre los peor parados, una frutería que fue registrada y desvalijada al derrumbarse el techo de uralita del patio interior del local, cuando varios indigentes caminaron por encima la noche del pasado miércoles, relató.

Otros negocios de la zona también han sufrido esta situación durante un largo periodo de tiempo. Unos cubren sus ordenadores con plásticos porque los indigentes han roto las tuberías para coger agua y se filtra mojando sus equipos informáticos. Del mismo modo, una oficina cercana tiene que limpiar semanalmente el patio interior por la cantidad de basura que acumulan en las viviendas y que arrojan a las terrazas interiores. “Y a pesar de ello, hay un camión que viene todos los días a recoger los trastos que dejan fuera de los contenedores”, comentaron. El malestar de los residentes es unánime, pero nada que ver con la angustia por la que han tenido que pasar los vecinos que aún viven en los diferentes edificios, con continuadas filtraciones y cortes de agua, escándalos, peleas, suciedad, basura, delincuencia y varios meses sin luz. Una de los seis inquilinos contó a LAS PROVINCIAS como durante los últimos ocho meses ha utilizado una linterna para entrar en su vivienda porque en la escalera no hay luz. “Tampoco nos funcionan los telefonillos, que se cortaron por impago”, contó. Más de 30 personas han abandonado las instalaciones ante la atenta mirada de los agentes de policía. Muchos consideran que se trata de las familias que fueron desalojadas de unas naves en San Vicente Mártir ocho meses atrás.

Mientras, con sorpresa y agrado, los vecinos añadieron que han sido increpados, amenzados y atracados, en los últimos meses cuando la inseguridad en la zona era palpable “por lo que la gente rehuía el paso por Martínez Aloy”.

Entre todos relatan, que los indigentes desvalijaron las viviendas, vendiendo todo lo posible, destruyendo las casas con agujeros en la pared, rompiendo las tuberías para coger agua y empalmando los cables de la luz “con el consiguiente peligro de incendio”. También “embozaron los desagues y ahora defecaban a través de un tubo que muere en los patios de la finca, donde todo se mezcla con la basura que lanzan desde las ventanas”, concluyeron. La falta de higiene, pone en peligro la salud de los vecinos y ha provocado la aparición de ratas y cucarachas en la zona.