El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, señaló hoy en rueda de prensa que conceder el derecho al voto a los inmigrantes no comunitarios “no está entre las prioridades políticas" del PSOE en esta legislatura, tal como había señalado este fin de semana, en declaraciones a una emisora de radio, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

No obstante, Blanco indicó que su partido podría abrir durante los próximos cuatro años “una reflexión” sobre el asunto en la Subcomisión para las reformas electorales que se creará en el Congreso de los Diputados.

Según Blanco, dicha reflexión ha de ser “compartida con todas las fuerzas políticas” y no figuraba en el programa electoral socialista ni en el Discurso de Investidura de Rodríguez Zapatero, por lo que insistió en que “no está entre las prioridades".

Corbacho manifestó ayer domingo, en declaraciones a Catalunya Radio, que debería modificarse “lo más pronto posible” la legislación para que los inmigrantes no comunitarios puedan votar en elecciones municipales, e incluso que también se debería llegar a un “consenso” para que puedan hacerlo en otros comicios, si bien admitió que esto último es “más complicado desde el punto de vista jurídico”.

El nuevo ministro de Trabajo argumentó que los inmigrantes “han de poder participar en la vida política municipal”, pues de otro modo “es difícil que se integren y formen parte de la vida diaria y cotidiana de la ciudad”.

En la actualidad, los residentes en España provenientes de la Unión Europea o de Estados con los que existe un tratado de reciprocidad que permite a los españoles ejercer allí el voto son los únicos que pueden participar en elecciones municipales.

Caldera y De la Vega

No obstante, la cuestión que ha vuelto a suscitar ahora Corbacho, ya estuvo presente en la pasada legislatura, cuando en 2006 el PSOE promovió una Proposición No de Ley al respecto en el Congreso de los Diputados, así como mediante las afirmaciones al respecto que, durante una comparecencia, realizó el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

No obstante, el asunto fue posteriormente zanjado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que la cuestión no estaba “en el horizonte” del Ejecutivo.