Las advertencias de la patronal de los proveedores de la construcción sobre la posibilidad de que la crisis inmobiliaria destruya 35.000 de sus empleos sólo este año refleja de manera muy inquietante la preocupación suscitada en el sector por el retraimiento en la compraventa de viviendas. Las alarmas están justificadas, pero la aseveración de que el eventual despido de inmigrantes y sus dificultades para recolocarse “podrían generar problemas sociales” resulta cuando menos irresponsable en una coyuntura de incertidumbre sobre la evolución del mercado laboral y cuando aún afloran conductas xenófobas en nuestra sociedad.