s. cruz de tenerife – Barcelona. La Unión Europea ha admitido la muerte en los últimos cinco años del 10.000 personas al tratar de alcanzar las costas europeas por el Estrecho de Gibraltar y la ruta hacia Canarias.

Así se explica en el informe anual sobre Racismo 2007 en el Estado Español elaborado por la Federación de Asociaciones SOS Racismo.

El documento explica también que expertos europeos calculan que de cada tres cayucos que salieron en busca de “un futuro mejor”, uno naufragó en el intento debido, sobre todo, a las deficientes condiciones de la travesía y la mayor vigilancia de las costas, que obliga a tomas rutas más lejanas y arriesgadas.

Estos datos han hecho, según el documento, que la UE practique una política de deslocalización en la que el Magreb juega el papel de tapón que evita que sus ciudadanos circulen libremente por el territorio y que abandonen sus fronteras, complicando sus salidas con trámites burocráticos.

En este sentido la asociación insistió en que dentro de los derechos humanos se recoge la libertad del individuo para cruzar las fronteras de su país libremente, si bien no reconoce la posibilidad de ser acogido, matizó el documento.

menor llegada de inmigrantes Por otro lado, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó ayer que la desaceleración económica que vive el Estado español ya se está notando, levemente, en los flujos migratorios, pues llegan al país menos inmigrantes que en los últimos años.

Corbacho, en una entrevista en Catalunya Ràdio, aboga por establecer “lo más pronto posible” los mecanismos que permitan a los inmigrantes votar en las elecciones municipales, así como llegar a un “consenso” político sobre la posibilidad de que puedan hacerlo en otros comicios.

“Tendríamos que ser capaces de encontrar los mecanismos que permitan la participación de los inmigrantes”, ha señalado el ministro, que también se ha mostrado favorable a que los extranjeros puedan ejercer el derecho a voto en las elecciones autonómicas y generales.

El ex alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) subraya que este último objetivo “es más complicado desde el punto de vista jurídico” y apuesta por abrir un debate con todos los partidos políticos para llegar a consensos. >agencias