POR ERENA CALVO

LAS PALMAS. No le gusta hablar de ello. A Babakar, un chico senegalés de trece años, se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que recuerda aquel día. Sentado en un banco de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Gran Canaria, Babakar llora cuando revive la muerte de dos de sus compañeros de viaje. «Uno era mi primo; la piragua en la que navegábamos se desestabilizó con un golpe de mar, se cayeron por la borda y no pudimos hacer nada por ellos».

Si Babakar no hablase de su muerte, su trágico final quedaría en el olvido y pasarían a formar parte de las miles y miles de personas que se traga el océano sin piedad y sin dejar ni rastro. Hombres, mujeres y niños que se lanzan al mar en precarias embarcaciones clandestinas para cruzar el Atlántico desde las costas africanas. Hombres, mujeres y niños que muchas veces ven frustrados sus sueños antes de tocar tierra. Son los muertos incontables de los cayucos.

A pesar de la dificultad de dar números, las organizaciones no gubernamentales cifran estas muertes en miles y miles. Sos Racismo estima que podrían ser hasta diez mil en los últimos cinco años al cruzar el Estrecho y en la ruta hacia Canarias. Así se refleja en su último informe anual sobre racismo en España.

Según el documento, expertos europeos en materia de inmigración calculan que uno de cada tres cayucos que parten de las costas africanas naufraga en el intento, dejando tras de sí un mar de muertos. Encomendarse a Alá no es suficiente. Tienen que luchar contra el intenso oleaje de un mar embravecido, el calor y el frío, la lluvia, el hambre o la sed.

La última muerte

Una hipotermia terminó con la vida del último indocumentado que ha llegado a las Islas sin vida. No viajaba en una embarcación clandestina. Había escogido para su viaje un carguero, y junto con otros nueve polizones cruzó el Atlántico en una de sus bodegas. Este sábado su cuerpo inerte era trasladado a Fuerteventura. Cuatro de sus compañeros de travesía permanecían ayer ingresados en un hospital de la isla.

Babakar reza todos los días para que termine este «reguero de muertes», para que sus compatriotas no se vean obligados a arriesgar sus vidas para encontrar un futuro mejor, para recuperar su dignidad y para conseguir un trabajo con el que poder mantener a sus familias. «Si cuando salga de aquí, del centro, consigo un buen empleo todo el riesgo habrá merecido la pena». Sabe que tiene suerte porque al ser menor no tiene que pasar por las instalaciones de retención de inmigrantes, la sala de espera a una temida repatriación.

«Inconstitucionales»

Sobre estas instalaciones, los centros de retención de inmigrantes, también habla Sos Racismo en su informe anual. La organización los tacha de «inconstitucionales» y pide su cierre. Además, demandan que se elimine también la privación de libertad de los inmigrantes clandestinos que alcanzan las costas españolas porque «no han cometido ningún delito; se trata de una irregularidad administrativa».

Para esta organización, en los centros de internamiento «esconden algo que no quieren mostrar a la sociedad» y denuncia la política del Ejecutivo central de negar la entrada a estas instalaciones de los medios de comunicación, que han conseguido acceder a ellos esquivando los mecanismos de control a los que están sujetos; como este periódico, que lograba colarse en el centro de Barranco Seco, en Gran Canaria, una noche de hace ya dos años.

El representante de SOS Racismo y responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de Mugak, Peio Aierbela, considera que la situación en los centros en estos momentos «clama al cielo» y es «denunciable» porque además no está respaldada por ninguna normativa.

Los indocumentados retenidos en los centros, recuerda, no tienen limitados sus derechos de manifestación o expresión por ninguna resolución judicial, por lo que critica que la administración «limite» los accesos de periodistas a las instalaciones para poder dar a conocer a la sociedad cuáles son las condiciones en las que se encuentran los `sin papeles´.

Hasta 18 meses

Sos racismo condena además que la «Directiva sobre detención y expulsión de las personas extranjeras» que se debatirá en el seno de la Unión Europea el próximo mes propone que los indocumentados puedan estar retenidos en los centros hasta 18 meses, cuando el plazo máximo en los centros de internamiento españoles en estos momentos es de cuarenta días. Cuarenta días encerrados, dice Sos Racismo, en un lugar de «no derechos».