El compatriota, portador del VIH, argumentó que en El Salvador podría ser víctima de abusos y que no recibiría un tratamiento médico adecuado.

Quiero morirme en los Estados Unidos, con estas palabras un salvadoreño que padece de sida buscó detener su deportación a El Salvador. Esto para poder continuar un tratamiento digno para la enfermedad que padece dentro de Estados Unidos.

El connacional que llamaremos David, de 40 años, fue arrestado por agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en agosto del año pasado, en una oficina del Seguro Social, en Los Ángeles, cuando iba a solicitar los beneficios médicos que recibía por ser residente permanente.

El saber que era seropositivo y luego el desarrolló del síndrome, hizo que David se refugiara en las drogas. Una detención por posesión de estupefacientes con intención de venta en diciembre de 2005 iniciaría una cadena de sucesos que lo pondrían al borde de la deportación. Aunque solo le encontraron una dosis personal, los $600 que llevaba consigo para la compra de los regalos de Navidad les hizo pensar que era un vendedor, él se declaró culpable por no ir a la cárcel, pero esto hizo que perdiera automáticamente su estatus de residente permanente, explicó la abogada especialista de inmigración Elsa Martínez.

Pese a que David cumplió con el servicio comunitario que le impuso la corte, los cargos en contra lo convirtieron en un inmigrante criminal objetivo del ICE. Sumado a la orden de deportación y su arresto, el salvadoreño fue uno de los cientos de detenidos que fueron trasladados del Centro de Detención de San Pedro, en Los Ángeles, California, a otros estados en octubre pasado.

David y su familia iniciaron una lucha para evitar la deportación argumentando que en El Salvador sería víctima de abusos, y no se brinda un tratamiento adecuado para la enfermedad, lo que aceleraría su muerte.

En dos audiencias, testigos, expertos, y el testimonio de David relataron los abusos a los que son sometidos los homosexuales y el rechazo que viven los pacientes de sida en El Salvador. Aunque las pruebas convencieron a la jueza D.D. Sitgraves sobre el riesgo que correría la vida de David si fuera deportado. Sin embargo, por ley, el hecho de ser convicto de una felonía lo excluía de ser beneficiario de asilo político y de mantener su estatus de residente permanente.

Después de pasar siete meses en la cárcel, el pasado 19 de marzo, la Corte de Inmigración ordenó suspender la deportación, y aunque por el momento no recuperará su residencia permanente y no podrá aplicar por asilo político, el compatriota fue favorecido por una figura legal que lo protege de la deportación y le da derecho a obtener un permiso de trabajo.