EL aterrizaje de Celestino Corbacho en el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha generado muchas expectativas, pues el hasta ahora alcalde de l´Hospitalet de Llobregat se ha distinguido por haber enfrentado con criterios claros y eficacia el fenómeno de la llegada masiva de personas extranjeras en la segunda ciudad más poblada de Catalunya. En su larga etapa municipal, Corbacho puso igual énfasis en la seguridad y el orden que en las intervenciones sociales y el apoyo al mundo asociativo.

Sabedor de que los sectores populares y las rentas más bajas son quienes más acusan los cambios que representan las oleadas de la inmigración, así como la saturación que se produce en unos pocos barrios, Corbacho puso mucho cuidado como alcalde en prevenir y atajar con rapidez los problemas de convivencia. Desde el pragmatismo y el diálogo, sin sujetarse a discursos tópicos buenistas ni caer en acciones de escaparate, la línea de su consistorio incluyó el control de los empadronamientos para evitar los pisos patera, la regulación de actividades callejeras y de nuevos negocios, la atención especial de niños y jóvenes, y la creación de servicios de mediación para resolver conflictos vecinales y avanzarse a situaciones de riesgo.

El reconocido éxito de Corbacho como impulsor de una política activa ante la inmigración permite albergar esperanzas sobre un necesario nuevo enfoque del Gobierno central en esta materia. Hasta ahora, las aproximaciones oficiales de la izquierda al fenómeno de la inmigración no responden con suficiente claridad y realismo a las dudas e incertidumbres que siente la gran mayoría. Sobran buenas palabras y falta capacidad de dar respuesta a infinidad de nuevos problemas cotidianos. Ello, a menudo, deja el campo libre a los discursos tremendistas y, en el peor de los casos, a la explotación interesada, por parte de grupos extremistas, de los temores de quienes se sienten más vulnerables e inseguros ante el cambio de su entorno habitual.

España tiene hoy algo más de 4.500.000 inmigrantes, lo que ya representa el 9,9% del total de la población. En 1995, apenas entró en España un 2% de trabajadores extranjeros, porcentaje que, diez años más tarde, se convirtió en el 13% del total de ocupados comprendidos entre los 16 y los 64 años. Estas son las cifras de un nuevo paisaje que observamos tanto en el mundo laboral como en la escuela, los ambulatorios, los transportes públicos y las calles. La crisis económica, cuyos efectos se notarán en sectores que dan empleo a muchos inmigrantes, caso de la construcción, obliga a afinar las políticas destinadas a evitar fracturas sociales y climas de inseguridad. El ministerio de Corbacho reúne las competencias necesarias para luchar a la vez contra el paro y contra los efectos derivados de la desocupación entre las personas extranjeras, dedicadas a los empleos más precarios.

Por otro lado, la sensatez demostrada por Corbacho también puede ayudar a forjar la colaboración entre todos los partidos parlamentarios y los principales agentes sociales y económicos para firmar un gran pacto de Estado sobre inmigración que, de una vez por todas, asegure un consenso firme y duradero en esta materia tan sensible. El lenguaje usado por el ministro Corbacho, a la vez tranquilo y sin eufemismos, señala la voluntad de trabajar seriamente, algo que interesa también a las autonomías que reciben más inmigrantes, como es el caso de Catalunya.