El Defensor del Pueblo ha detectado una “notable subida de quejas en asuntos de inmigración”, así como de las investigaciones de oficio abiertas en los últimos años, hasta tal punto que ha obligado a la institución a promover visitas periódicas a Canarias, la costa andaluza y Ceuta y Melilla, al considerarse los “puntos geográficos donde se producen mayores problemas”.

El departamento que dirige Enrique Múgica constata la asistencia letrada “en todos los procedimientos posibles” que tienen que ver con este fenómeno.

Las reflexiones de Múgica sobre la inmigración vienen recogidas en el boletín mensual de la institución correspondiente a marzo.

El Defensor del Pueblo precisa que las llegadas masivas de inmigrantes son consecuencia del “despegue económico de nuestro país y de la globalización de las relaciones culturales y económicas, ya muy consolidadas”.

Tras constatar que se trata de un fenómeno que “no es puntual”, el titular de la institución apunta la necesidad de consolidar la asistencia jurídica gratuita “sin distinción de nacionalidades” para tratar estos asuntos.

Múgica repesca el informe que la institución presentó en 2005 sobre este derecho en su aplicación a los ciudadanos extranjeros que viven en España, constatando que se lleva a cabo en “todos los procedimientos posibles”.

Los apuntes del Defensor del Pueblo en torno a los derechos de los inmigrantes y su asistencia letrada se producen en un momento de debate público sobre la situación de los centros de internamiento de inmigrantes, de los que cuatro de los más importantes están en Canarias, tras el informe de una ONG a instancias del Parlamento Europeo en el que se criticaban las condiciones en que viven estas personas durante su estancia en ellos.

Al hilo de este informe, ACN Press solicitó, sin éxito, a la Delegación del Gobierno en Canarias el acceso de periodistas a los centros para contrastar las afirmaciones vertidas en el mencionado informe.

Sin permiso para visitas

Desde el órgano representativo de la Administración General del Estado en el Archipiélago se contestó que no se daba luz verde a tal pretensión en virtud del derecho a la privacidad de los propios inmigrantes.

En este mismo sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Paulino Rivero, pidió, también sin conseguir el objetivo, al delegado gubernativo en las Islas, Salvador García, que permitiese el acceso de los medios a los centros para que se pudiera comprobar la realidad de las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes.