Un empresario valenciano entra en prisión por realizar contratos falsos a inmigrantes
Los trabajadores llegaban a pagar hasta 14.500 euros por el permiso de residencia
Las Provincias,
,
16-04-2008
Un empresario valenciano ingresó ayer en prisión acusado de realizar contratos falsos a trabajadores inmigrantes. El Juzgado de Guardia ordenó la entrada en la cárcel del propietario (detenido en Teruel el pasado 7 de abril) por los delitos de falsedad documental, atentar contra el derecho de los trabajadores y estafa a 23 inmigrantes marroquíes.
El empresario, R.M.P., de 53 años y vecino de La Pobla de Vallbona, ingresó en prisión junto al ciudadano marroquí A.R., de 28 años y vecino de la localidad valenciana de Carlet. Su compañero – quien, al parecer, intervino como intermediario en el procedimiento – fue detenido el pasado lunes en la ciudad aragonesa de Teruel.
Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno, el empresario ofertaba a través de la sociedad Farming SL una serie de contratos fraudulentos a marroquíes para poder obtener el permiso de residencia en España.
Los inmigrantes llegaban a pagar por la tramitación entre 8.000 y 14.5000 euros. Hasta el momento han sido 13 los inmigrantes que han denunciado los hechos y hay otras 10 personas a quienes se les va a iniciar un expediente de revocación del permiso de residencia obtenido con el fraude.
Los extranjeros, una vez accedían a España, eran alojados en viviendas alquiladas situadas en las localidades turolenses de Torrijo del Campo y Caminreal durante la tramitación de las tarjetas de residencia.
En cambio, tras obtener éstas, los inmigrantes eran abandonados a su suerte. Durante la tramitación de los documentos, los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social durante unos días e incluso se les facilitaban nóminas falsas de la empresa.
El último caso similar se remonta a diciembre de 2007, cuando dos socios de una empresa de Orihuela fueron arrestados – junto a otras cinco personas – por estafar a 375 familias ecuatorianas con falsos contratos de trabajo. Los inmigrantes pagaban cerca de 3.000 euros por cada tramitación.
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