Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el “desinterés” de las autoridades españolas por perseguir las actitudes racistas y xenófobas, a pesar de los numerosos casos de discriminación detectados por la Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia contra inmigrantes y personas gitanas.

La organización reprocha también al Gobierno el oscurantismo a la hora de abordar estos casos y recuerda que España es uno de los cinco países de la UE que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales por delitos racistas. AI, en un documento titulado “Entre la desgana y la invisibilidad”, se hace eco de los informes de Naciones Unidas que apuntan que España es uno de los diez países europeos con mayor índice de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. Además, no ha ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos que entró en vigor el pasado febrero.

España, asevera el estudio, “está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia”. Esteban Beltrán, director de la sección española de AI, defendió esta afirmación con datos: España no ha ratificación al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas, no ha transpuesto directivas comunitarias obligatorias sobre racismo, tiene leyes como la de extranjería con artículos declarados inconstitucionales y no ha puesto en marcha ningún plan integral de lucha contra el racismo.

Según Amnistía, son especialmente preocupantes las últimas encuestas de opinión, que “dibujan un escenario de prejuicios y rechazo”. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre otros aspectos, apuntó en 2005 que cuatro de cada diez ciudadanos reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez encuestados asociaban la delincuencia con la inmigración.