Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el «desinterés» de las autoridades españolas por perseguir las actitudes racistas y xenófobas, a pesar de los numerosos casos de discriminación detectados por la Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia contra inmigrantes y personas gitanas. La organización reprocha también al Gobierno el oscurantismo a la hora de abordar estos casos y recuerda que España es uno de los cinco países de la Unión Europa que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales por delitos racistas.

AI, en un documento hecho público en Madrid titulado Entre la desgana y la invisibilidad, se hace eco de los informes de Naciones Unidas que apuntan que España es uno de los diez países europeos con mayor índice de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. Además, no ha ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos que entró en vigor el pasado febrero.

España, asevera el estudio, «está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia». Esteban Beltrán, director de la sección española de AI, defendió esta afirmación con datos: España no ha ratificado al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas, no ha transpuesto directivas comunitarias obligatorias sobre racismo, tiene leyes como la de extranjería con artículos declarados inconstitucionales y no ha puesto en marcha ningún plan integral de lucha contra el racismo .

Según Amnistía, son especialmente preocupantes las últimas encuestas de opinión, que «dibujan un escenario de prejuicios y rechazo». El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre otros aspectos, apuntó en el 2005 que cuatro de cada diez ciudadanos reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del 2006, seis de cada diez encuestados asociaban la delincuencia con la inmigración.

Amnistía muestra especial inquietud por el trato a la etnia gitana, que cifra en unas 700.000 personas. «La discriminación racial que padece esta comunidad es el legado de siglos de persecución que, a pesar de la teórica igualdad alcanzada en el plano legislativo, pervive en situaciones como el desempleo, el analfabetismo o el acceso a los servicios públicos de salud, vivienda y educación», relata el documento.

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