El drama en Myanmar, la antigua Birmania, continúa. Según miembros de la oposición en el exilio, la represión no ha cesado, pese a la presión de la comunidad internacional, y muchos birmanos sólo consideran la inmigración ilegal como escapatoria a la pobreza crónica que asola el país. En muchas ocasiones, su odisea termina en tragedia. La última, anteayer, cuando 54 birmanos, entre ellos 37 mujeres, perdieron la vida en el contenedor frigorífico en el que viajaban clandestinamente hasta la ciudad de Phuket (Tailandia), destino turístico por excelencia.

En el camión viajaban un total de 121 personas, que fueron incapaces de escapar cuando el sistema de ventilación dejó de funcionar correctamente. Podrían haber pagado entre cien y trescientos euros para llegar a las arenas blancas del sur del país y encontrar un trabajo temporal que, en muchos casos, sirve a los miembros de la familia que no se han desplazado para subsistir en los lugares de origen.

Su caso es paradigmático de la marea migratoria que surge de Myanmar, un país azotado por conflictos étnicos, narcotráfico y una despótica Junta Militar que el miércoles hizo pública su propuesta para una nueva Constitución, que en ningún momento ha tenido en cuenta a la oposición y que será votada en referéndum el día 10 de mayo. Con este movimiento, el general Than Shwe y sus acólitos pretenden aliviar la presión internacional que se cierne sobre su régimen desde que estalló la ‘Revolución Azafrán’ en septiembre del año pasado.

Sin embargo, la oposición denuncia que el nuevo texto proporcionará aún más poderes a los militares, que se aseguran un mínimo de 56 escaños en un Parlamento de 224. Si la hoja de ruta diseñada por los líderes del país sigue adelante, en el 2010 deberían celebrarse las primeras elecciones multipartidistas desde que en 1988 Aung San Suu Kyi salió victoriosa de unas presidenciales que desataron una tragedia, que bañó las calles de sangre y dejó más de 3.000 muertos.

Explotación

Mientras tanto, el país continúa desangrándose lentamente. Los campos de refugiados del norte de Tailandia no dan abasto, y las condiciones de inmigrantes y exiliados sufren una seria degradación. Según datos oficiales de Tailandia, en el reino trabajan legalmente unos 540.000 birmanos, pero a este número hay que añadir más de un millón de indocumentados, que generalmente sufren todo tipo de explotación. Laboral en el caso de los hombres, y sexual también en muchas mujeres, víctimas de mafias organizadas que las obligan a prostituirse.

En el drama de la inmigración ilegal entre Myanmar y Tailandia, generalmente participan policías y militares de ambos países, y se ha convertido en un lucrativo negocio que mueve decenas de millones de euros. Pese al acoso del Gobierno de Bangkok, empeñado en acabar con esta lacra, «la mafia siempre va un paso por delante», reconoce un policía tailandés.

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