“Yo tenía 6 años. Solo recuerdo que me llevaron al aeropuerto y me dijeron que fuera a por agua. Al volver, mi padre ya no estaba. Han pasado 10 años y no he vuelto a verlo”. “Pues yo oí cómo cerraban la puerta de casa y tuve tiempo de pillarlo subiendo a un taxi. Me abrazó y me hizo prometer que cuidaría de mi madre. Yo le hice prometer que volvería. Yo cumplí. Él no”.
Así hablaban unas chicas que Catalunya Ràdio entrevistó estos días en Ecuador. Y es que de los tres millones de ecuatorianos que han marchado hacia EEUU y Europa, hay una cantidad importante sin papeles que no pueden regresar porque perderían el trabajo.
Otros envían dinero a casa cada mes, necesitan años para poder comprarse un billete de avión. Marcharon dejando hijos pequeños que ahora son adolescentes que viven desorientados en casa de unos abuelos superados. Y los que han logrado la reagrupación familiar difícilmente volverán mientras aquí haya trabajo, porque la sanidad y la educación ecuatorianas no pueden competir con las catalanas. Así que la inmigración, segunda fuente de ingresos del país, está teniendo unos costes sociales considerables en un país riquísimo, castigado por la maldición de los recursos naturales.
Pero los ecuatorianos están reaccionando. Cooperativas como El Jardín Azuayo, con la que colabora Caixa Catalunya, están enseñando a la gente a montar su propio negocio. O la oenegé Mujeres por la Vida, que recibe ayuda de la Agència Catalana per la Cooperació, sube a las colinas de Quito los domingos por la mañana para difundir conceptos tan básicos como el derecho de la mujer a una sexualidad gratificante y no la que imponga un marido ebrio. Y tiene clases de alfabetización de adultas. “No sé leer ni escribir porque mi padre no me llevó a la escuela y mi marido no quería que aprendiera. Me decía que a ver si quería irme con otro. Ahora sé que tengo ciertos derechos. Antes no sabía ni qué significaba esta palabra”. El presidente Correa dice que “la patria ya es de todos”. Ahora hay que universalizar la esperanza.