La Generalitat llevará a cabo una serie de medidas que cambiarán algunas de las leyes relacionadas con los inmigrantes residentes en Cataluña. La consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Carme Capdevila, acompañada del Secretario de Inmigración, Oriol Amorós, presentaron ayer las bases del Pacto Nacional para la inmigración catalana, el cual establece 11 retos estructurados en tres ejes: la gestión y el orden de los flujos migratorios, la adaptación de los servicios públicos a la nueva realidad demográfica y la apuesta por la cohesión social.

Algunas de las medidas que establece el pacto implican que se tengan que modificar diversas leyes estatales y catalanas. Entre las más significativas cabe destacar la reducción de diez a cinco años de residencia regular para obtener la nacionalidad española, la promoción del acceso al trabajo de las personas reagrupadas, el refuerzo de los servicios públicos y la otorgación del derecho al voto a todos aquellos inmigrantes que lleven residiendo en Cataluña de forma regular durante cinco años. Las medidas apuestan claramente por la cohesión social de los inmigrantes y su integración.

El documento «permite establecer los consensos necesarios para abordar los retos inmigratorios», según comentó Capdevila en la presentación del Pacto. Del mismo modo, pronosticó que definirá «el modelo de sociedad de los próximos 15 o 20 años».

Capdevila pretende conseguir un consenso entre las distintas fuerzas políticas catalanas con el objetivo de obtener «toda la fuerza necesaria» para pedir estas modificaciones. A pesar de tratarse de una tarea dificultosa, la consellera confía en la «voluntad de encontrar un punto de acuerdo entre las formaciones».