madrid. La Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual, cuyo destino final era España y otros países de la Unión Europea, y ha detenido a 24 personas. Según informó ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, estos arrestos se han practicado dentro de la tercera fase de una operación que se inició en noviembre de 2006 y en la que, de momento, hay 76 personas detenidas en Almería, Granada, Lérida y Gerona.

Los últimos 24 arrestados están acusados de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agresiones sexuales o blanqueo de dinero, entre otros. Además, en esta tercera fase fueron detenidas 60 mujeres por infracción a la Ley de Extranjería en distintos clubes de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería).

Desde el comienzo de la operación, denominada Zarpa , 400 personas, en su mayoría mujeres, han sido arrestadas por estancia irregular, y otras 53 han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya única finalidad era el lucro obtenido con la trata de mujeres desde dicho país. La última fase se ha desarrollado gracias a los numerosos datos, declaraciones y denuncias de víctimas obtenidas por los investigadores en las fases precedentes, que permitieron destapar nuevas ramificaciones de la organización en Almería relacionadas con establecimientos de ocio nocturnos donde las mujeres eran prostituidas.

La red criminal estaba compuesta en España por parejas o matrimonios hispano – rusos, que poseían o explotaban locales públicos de alterne.

Desde 2006, la organización habría enviado a Rusia más de dos millones de euros, dinero que era remitido a través de testaferros y que no superaba nunca los 3.000 euros para evitar ser fiscalizados. La organización había creado entidades societarias que blanqueaban el dinero obtenido irregularmente mediante la compra de numerosos bienes muebles e inmuebles que constan en los registros de la propiedad a nombre de los imputados. Estas sociedades permitían que miembros de la organización obtuvieran permisos de residencia y trabajo en España.

Las mujeres eran alojadas en pisos patera acondicionados para poder albergar al mayor número posible de víctimas, y las amenazaban con sanciones económicas si incumplían sus estrictas normas.