SAN SEBASTIÁN. DV. La financiación de los centros educativos privados en una proporción semejante a las de los públicos lleva camino de ser una realidad inminente en el País Vasco a tenor de cómo se están posicionando los agentes concernidos. La asociación de ikastolas Partaide anuncia para mañana un pronunciamiento sobre este proceso de financiación que pretende alcanzar de forma plena para 2012 y al que se ha comprometido, sin poner fechas, el Departamento de Educación. Kristau Eskolak, que imparte docencia a decenas de miles de escolares en Euskadi, defiende que «a igual servicio, igual financiación», y Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la enseñanza, no pone reparos, pero sí condiciones; la primera, una homologación efectiva entre las retribuciones de los trabajadores, dado que los de la privada concertada tienen unos salarios del 95% de los de la pública.

Una vez abierto el debate público sobre la financiación equiparable de la escuela pública y de la privada, Educación se apresuró el lunes a puntualizar que primero habrá que establecer cuáles son los requisitos que ha de reunir un colegio privado concertado para optar a una financiación equiparable a la de uno público.

El catálogo de requisitos se incluirá en una Ley del Sistema Educativo Vasco que aún está en una fase de gestación «muy preliminar», lo que no obsta para que si se alcanza un acuerdo entre el departamento que dirige Tontxu Campos y las patronales de los colegios concertados, tenga una plasmación económica en los conciertos educativos que hay que renovar este año para los próximos cuatro cursos.

Redistribuir inmigrantes

Uno de los caballos de batalla será el de la incorporación de alumnado inmigrante, que ahora es matriculado de forma masiva en la red pública, con el consiguiente riesgo de crear guetos o configurar escuelas ingobernables, como aquellas donde el peso porcentaje de los escolares extranjeros supera el 30% del total. Esto no sucede en la red concertada, que capta a la mitad del alumnado vasco pero donde el porcentaje de inmigrantes es menos de la mitad del que hay en la pública.

Esta desproporción es evidente en las ikastolas. Recientemente, Partaide aseguró estar dispuesta a asumir que el 5% de sus matriculados sea inmigrante, que «es la misma proporción que representamos en la matriculación». En la actualidad, el porcentaje de alumnos foráneos no llega al 1% en las ikastolas.

El Consejo Escolar de Euskadi aconseja al Departamento de Educación en su último informe que planifique el sistema para que la red concertada asume al 40% del alumnado inmigrante en un plazo de cuatro años, cuando ahora el porcentaje es de alrededor del 30%. Además, advierte que para logra este objetivo Educación debe hacer una «secuenciación de lo objetivos y previsión de dificultades para llevarlos a efecto. Hay que evitar la concentración de población inmigrante por encima de ciertos límites, lo que lleva acompañado el rechazo de la población de origen a matricularse enesos centros».

En la escolarización obligatoria, – entre 6 y 16 años – , el 8% del alumnado de los centros públicos es inmigrante, frente al 3,7% en la privada. Por territorios, las diferencias son significativas: en Álava y Vizcaya el porcentaje de inmigrantes en la red pública alcanza el 12% y el 9,4% respectivamente y triplica a la red concertada, en Gipuzkoa el reparto es casi paritario en los centros públicos (4,1%) y concertados (3,7%).

Una mayor participación de la red privada en la educación de los escolares discapacitados o con necesidades especiales también forma parte del discurso que legitima su concepción y financiación en tanto que servicio público.

Más oferta pública

Otra cuestión de abierta controversia se refiere a cómo responde el Departamento de Educación a la demanda de nuevas plazas, sobre todo en el ciclo 0 – 3 años, bien a través de una mayor oferta en la red pública o, como critican algunos partidos de la oposición, mediante el concierto de más aulas con la red privada.

La diputada socialista Isabel Celaá ha presentado una interpelación parlamentaria al consejero Tontxu Campos en la que le insta a que haga una planificación conjunta de ambas ofertas «con la consideración de la escuela pública como columna vertebral y referente del sistema».

Celaá también pregunta a Campos si en la renovación de los conciertos priorizará la «satisfacción de las necesidades educativas por la escuela pública, aumentando su oferta de plazas escolares si fuera necesario, antes que concertar nuevas aulas».