La ‘operación Zarpa’ acaba con 76 integrantes detenidos en España y otros 53 imputados en Rusia Para ellos no tenían ni nombre ni apellidos. No tenían problemas, no sufrían, no reían… Eran, simplemente, mercancía con la que comerciar, con la que engordar un conglomerado de empresas legales que les permitía blanquear todo el dinero que obtenían de la explotación de al menos medio centenar de mujeres. Pero todas tenían nombres y apellidos. Y, sobre todo, procedencia. Porque la mafia desarticulada por el Cuerpo Nacional de Policía era la mayor red dedicada al tráfico de mujeres cuyo origen, en todos los casos, era Rusia.

Pero no ha sido un camino fácil. Han sido más de 15 meses de investigaciones, seguimientos, cruce de datos… Y, sobre todo, de una ardua labor pedagógica para convencer a varias de las explotadas para que respaldaran las pesquisas policiales con sus declaraciones. Según explicaron fuentes policiales, varias de las rusas explotadas se han convertido en testigos protegidas de la causa judicial que, de momento, ha permitido la captura de al menos 76 explotadores sexuales – que, además, están acusados de otros delitos relacionados con la trata de mujeres – y el desmantelamiento de esta trama que introducía ciudadanas rusas en España y otros países de la UE para ser explotadas. En nuestro país, las jóvenes eran explotadas principalmente en locales de alterne de Almería, Granada, Lérida y Gerona.

Además de los 76 acusados de formar parte de la trama, desde el inicio de la operación han sido identificadas 400 mujeres que podrían encontrarse irregularmente en España. Eran las víctimas de las mafias. La Policía aseguró ayer que a las jóvenes que efectivamente estuviesen residiendo de manera irregular se les aplicará la ley y serán devueltas a su país de origen.

Pero, además, (y quizá sea ésta la parte más relevante de la operación), otras 53 personas han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya finalidad era enriquecerse a costa de las mujeres que enviaban a Europa.

Las pesquisas policiales, bautizadas como operación Zarpa, se iniciaron en noviembre de 2006. Las investigaciones iniciales permitieron a los agentes de Extranjería llevar a cabo una primera fase en abril del pasado año y una segunda, en junio de 2007. A comienzos de este mes han cerrado la tercera fase de la actuación contra esta mafia rusa.

La trama criminal estaba compuesta, fundamentalmente, por parejas sentimentales o matrimonios de hispano – rusos, propietarios de los locales de alterne donde eran explotadas las jóvenes. Según los datos oficiales, el hombre era el encargado de la gestión del local y su pareja, la encargada de contactar con los traficantes o captadores de víctimas y de controlar a las mujeres.

El pago por cada víctima que iba a ser explotada se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia. Cada uno no superaba los 3.000 euros con el fin de tratar de esquivar posibles controles fiscales en aquel país y en España. Así, los investigadores han cuantificado que, desde 2006 hasta ahora, el dinero enviado a Rusia supera los dos millones de euros.

La red había creado entidades societarias mediante testaferros y hombres de paja para dar apariencia de legalidad a las actividades de los locales en los que actuaban. Además, blanqueaban el dinero obtenido en inversiones inmobiliarias. Las mujeres eran tratadas como simple mercancía y almacenadas en pisos patera. Por ejemplo, fue localizada una vivienda de tres habitaciones en la que había 13 camas para las explotadas.