El Gobierno ha elevado a los polizones a la categoría de inmigrantes sin papeles. Estos extranjeros, que hasta ahora tenían menos derechos que un extracomunitario irregular, estaban sumergidos en un limbo jurídico de legislaciones internacionales y de luchas entre los armadores y la Administración. El Ejecutivo ha terminado ahora con esa situación. Por primera vez, los denominados «extranjeros embarcados clandestinos» serán tratado como inmigrantes y tendrán sus derechos mínimos.

El mando único, Joan Mesquida, y las directoras de Política Interior y de Inmigración, Rosario García y Marta Rodríguez – Tarduchy, han elaborado una instrucción conjunta en la que, siguiendo algunas de las instrucciones del Defensor del Pueblo, por primera vez se reconoce a los polizones el derecho a la asistencia de abogado gratuito o traductor para pedir asilo..

No obstante, la ayuda del jurista no será inmediata, ya que sólo tendrán esta asistencia los extranjeros que respondan expresamente «su intención de solicitar la entrada en territorio español» a la pregunta preestablecida «¿Qué solicita de las autoridades españolas?» .Esta condición previa ha sido ya criticada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otros organismos. El propio Defensor del Pueblo había exigido que la asistencia de abogado fuera desde «la primera entrevista al polizón».