La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha pedido 28 años de prisión para Said Farchas. Farchas ha sido acusado de ser el patrón de la patera que arribó a la playa del Risco Verde, Arinaga, y obligar a bajar a los inmigrantes que en ella viajaban a unos pocos metros de la costa. Diez personas murieron a 20 metros de la orilla.

La Fiscalía pide ocho años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al comandar, presuntamente, una embarcación que traía a unos 16 inmigrantes desde Bojador porque su intención no era llegar a Canarias sino volver a Marruecos para continuar con el negocio del tráfico de personas. Además, la Fiscalía considera que Said Farchas obligó a los inmigrantes a bajar de la patera sin chalecos y sin cerciorarse de que sabían nadar. Por ello, pide dos años por cada fallecido por considerar que el imputado cometió diez delitos de homicidio imprudente.

Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Hernández Tarajano exigió la total absolución del imputado al considerar que el Ministerio Fiscal no ha probado ninguna de sus acusaciones. Said Farchas insistió en que él llegó a Gran Canaria quince días antes del triste suceso, en una patera que salió de Dajla en el mes de agosto, por lo que es imposible que estuviera allí.

Farchas explicó que fue detenido el 21 de septiembre de 2007, el suceso tuvo lugar el día 7 de septiembre, en Maspalomas y fue trasladado al centro de internamiento para extranjeros (CIE) de Barranco Seco por no contar con documentación. Allí, fue identificado como el patrón por dos de los inmigrantes que viajaban en la patera siniestrada y que sobrevivieron a la tragedia.

Farchas dijo ante la jueza que no conocía a estas personas. Sin embargo, sí reconoció sus nombres, indicó que había compartido celda con ellos en Barranco Seco y que habían comentado lo sucedido en el Risco Verde en alguna ocasión.

Precisamente la declaración de estos testigos es la única prueba que presentó la Fiscalía. Said Farchas no fue localizado en ninguna de las batidas que realizó la Guardia Civil por la zona sólo media hora después del aviso del hundimiento de la embarcación y en la que fueron detenidas cuatro personas. La defensa considera que el testimonio de estos inmigrantes está viciado porque, según explicó, «denunciaron al imputado semanas después de suceso y porque se dieron cuenta de que esta denuncia podría facilitar sus intereses para quedarse en España» por haber colaborado con la Justicia.

Sin embargo, cabe destacar que unos días después de la denuncia, estos testigos fueron reconocidos como menores de edad, según explicó tras el juicio Hernández Tarajano, por lo que la posibilidad de expulsión es imposible pues pasan a la tutela de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al mismo tiempo, la defensa consideró que en este suceso no hay un delito de homicidio imprudente porque entiende que los inmigrantes se bajaron de la patera voluntariamente y que no fueron empujados al agua o nada parecido. De hecho, los forenses corroboraron que en los cadáveres de los inmigrantes no había hematomas o muestras de que hubieran sido empujados.

Los testigos sí insisten en que se les obligó a bajar y que el patrón, presuntamente Said Farchas, contaba con otros seis bidones de gasolina para volver a Bojador. Sin embargo, los inmigrantes, al ver que no hacía pie, se agarraron a la embarcación provocando que ésta se hundiera.

Said Farchas insistió ante la jueza en que él no tenía nada que ver con los hechos y consideró que «estaba injustamente encarcelado» aunque no pudo explicar por qué los testigos lo había señalado a él.

El abuso de los vulnerables.

La Fiscalía considera que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas a la hora de convencerlas de embarcarse en un viaje tan peligroso como el de cruzar el Atlántico hasta Canarias. Además, opina que los puso en grave peligro al utilizar una embarcación sin la más mínimas condiciones de seguridad como chalecos salvavidas para todos los inmigrantes que embarcaron.

El día que la orilla se tragó a 10 personas.

Poco después de las seis de la mañana los vecinos de Risco Verde avisaron a la Guardia Civil de que una patera había volcado y que un grupo de inmigrantes gritaban desesperados en el agua. Los agentes se presentaron en pocos minutos y sacaron del mar a dos personas que estaban a punto de ahogarse mientras la Policía Local atendía a dos inmigrantes. Poco después, la Guardia Civil comprobó que habían fallecido diez seres humanos que no pudieron nadar los 25 metros que les separaba de la arena.

Las autoridades sólo pudieron identificar a siete de los diez fallecidos. Mohamed El Mrabat; El Bachir Boukhair; Mohamed el Harrath; Abdellah Id Bouja; M. Bark Bassana; M. Bark Riad; y Rdhaounia Mohamed. Los otros tres son números asignados por el Instituto Anatómico Forense. El fiscal ha pedido 50.000 euros al imputado para cada una de las familias de los fallecidos.