TIJUANA, BC.— El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán (PAN), advirtió como un riesgo la deportación constante de personas con antecedentes criminales que no son detectadas, porque “en muchas ocasiones” no son identificadas en Estados Unidos.Durante la puesta en marcha del Programa de Repatriación Humana en su fase piloto, el mandatario demandó el apoyo de las autoridades federales para que intercedan ante sus homólogos estadounidenses y se regule esta situación.Señaló que ese problema, junto con el tráfico de armas, ya forma parte de la agenda fronteriza y la intención es que se incluya en los temas binacionales. “Por esa puerta son deportadas personas que acaban de salir de la cárcel y muchas veces nuestros vecinos ni siquiera avisan”, afirmó el gobernador ante la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), Ana Teresa Aranda.“Lo tenemos que arreglar con Estados Unidos”, saber distinguir quiénes son migrantes que requieren el apoyo y quiénes son deportados que acaban de salir de las cárceles, es parte de la agenda, explicó el mandatario de Baja California.Señaló que la agenda también contempla el combate al tráfico de armas y dijo que es un tema que debe ser atendido por el gobierno federal, las secretarías de Gobernación y Hacienda, y por las autoridades de alto nivel.En declaraciones previas, por su parte, el alcalde local Jorge Ramos Hernández señaló la necesidad de conocer el estatus de las personas deportadas, principalmente hombres, pues en diversas ocasiones se ha detectado que presuntos delincuentes acababan de ser repatriados.Incluso presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha han sido expulsados por Tijuana, explicó.Sobre el tráfico de armas, anunció que los alcaldes de la frontera norte solicitarán de forma oficial que la Secretaría de Hacienda intensifique las revisiones a los vehículos que ingresan al país, pues el sistema aleatorio sólo cubre el 5% de los automóviles.La comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, descartó que los integrantes del Grupo Beta de Protección al Migrante vayan a ser armados de nuevo, como hace siete años.Romero Castillo explicó que la función de estos oficiales es de protección.