La situación en las cárceles de la Comunitat, especialmente en la de Picassent, es “explosiva”. Así define la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) el ambiente que se respira en la prisión valenciana, y que esta semana ha desencadenado la dimisión del hasta ahora director, José García.

Con algo más de 2.800 reclusos, el establecimiento de la provincia de Valencia se encuentra a más del doble de su capacidad. El hacinamiento no afecta a los módulos de primer grado, los más conflictivos, donde el aislamiento de muchos de los internos es fundamental para evitar continuas reyertas.

Pero en los módulos comunes, celdas originariamente diseñadas para un sólo interno, están ocupadas por dos y espacios como los patios, concebidos para unos 75 reclusos, se llenan hasta con 150. “Esto es una continua fuente de conflictos”, subrayan los funcionarios valencianos.

Las cárceles de la Comunitat no dan más de sí. “En ocho años se ha duplicado el número de presos y la proporción de funcionarios sigue siendo la misma, pues el mayor número de prisiones absorbe el aumento de plazas”, alertan desde Acaip.

Y a ello hay que sumar otra dificultad: en los últimos siete años se ha cuadruplicado el número de internos extranjeros en las cárceles de la región, un reto añadido por las dificultades de integración de estos reclusos y los graves problemas de comunicación para los funcionarios.

Mientras en 2.000 había 443 extranjeros privados de libertad en prisiones de la Comunitat, el año pasado la cifra llegó hasta los 1.712, según un informe de Acaip.

En los últimos tres años, las cárceles valencianas han aumentado en algo más de un millar su población; la mitad de estos internos son de nacionalidad extranjera. Marroquíes, colombianos y rumanos son los orígenes más frecuentes de los extranjeros entre rejas.

La cuestión no es baladí. El alarmante déficit de traductores hace que con algunos de los presos “sea prácticamente imposible comunicarse”, lamentan desde el sindicato.


Experiencia en guerrillas

El difícil diálogo no es la única barrera contra la que deben luchar los trabajadores penitenciarios. En algunas de las celdas hay verdaderos polvorines humanos. “En los últimos años ha aumentado notablemente el número de presos de Europa del Este, muchos de ellos con formación militar y experiencia en guerrillas”, advierte un portavoz de Acaip.

Son internos de una “potencial conflictividad” que, afortunadamente, de momento no ha aflorado. “Pero el concepto que ellos tienen del respeto por la vida no es el mismo del que tienen otros internos comunes, y no les tiembla el pulso si se tienen que llevar a alguien por delante”, aseguran desde el sindicato.

El hacinamiento en la prisión valenciana la ha convertido en un continuo foco de conflicto: 300 incidentes de consideración el año pasado, tres secuestros a funcionarios en los últimos cuatro meses y tres presos muertos en circunstancias violentos. El cese de José García fija ahora el punto de mira de las críticas en Mercedes Gallizo, máxima responsable de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Los nuevos centros penitenciarios de la Comunitat son el clavo ardiendo al que se agarran los funcionarios. Pero tanto la prisión de Albocàsser, de próxima puesta en marcha, como la futurible cárcel de Siete Aguas (emplazamiento aún no confirmado), son calificados casi como parches por los funcionarios.

Acaip espera que el centro castellonense sirva para desahogar al resto de establecimientos valencianos “al menos durante unos meses”. Pero los funcionarios saben que la cárcel de Albocàsser nace “ya pequeña”. De seguir el ritmo de crecimiento de la población reclusa valenciana, “en año y medio estará llena”.

El hacinamiento penitenciario tiene otra lectura si cabe más negativa: prácticamente “es imposible” que cumplan su función rehabilitadora. “Las cárceles se han convertido en almacenes de personas”, lamenta el portavoz de Acaip.


“Fraude” de condenas

Una buena prueba de ello se da en la cárcel de Picassent. Tanto Acaip como el CSI – CSIF denuncian una realidad: a la prisión valenciana acuden personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad que “incumplen” sus penas en el establecimiento penitenciario.

“Es un fraude para la sociedad valenciana”, enfatiza el portavoz de Acaip. Pese a tratarse de una pena no privativa de libertad, más de un centenar de personas que han recibido estas condenas acuden al Centro de Inserción Social de Picassent o a otro punto de la prisión, según CSI – CSIF.

Ello se debe a la falta de firma de convenios entre Interior e instituciones como Ayuntamiento, Ongs u otras entidades sociales para poner en marcha el cumplimiento efectivo de estas penas. “Te ves a condenados, incluso por violencia doméstica, en el patio o en el jardín de la cárcel fumando y bebiendo cerveza”, critican desde Acaip.

Tras la marcha de García, los sindicatos ponen ahora sobre la mesa de Mercedes Gallizo un sinfín de necesidades presentes en la cárcel de Picassent. Alarmas de seguridad y anti incendios que no funcionan, escasez de material de defensa como escudos o chalecos anti pinchos, inexistencia de esclusas o necesidad de más puertas mecanizadas son algunas de las necesidades que los funcionarios reclaman para no tener que jugarse la vida cada vez que cumplen con su trabajo entre los muros del establecimiento penitenciario valenciano.

acheca@lasprovincias.es