Un mal vecino, barulleiro o borde, te amarga la vida. Muchos lo hemos sufrido. Nuestro azote nos despertaba a portazos, organizaba de madrugada jaranas en su bañera de chorros, abroncaba a su pareja… Y como guinda, tenía un can que confundía el ascensor con un mingitorio. Por cierto: aquel vecino de pesadilla no era gitano. Se trataba de un profesional de prestigio.

El problema de las protestas vecinales de estos días es que su reclamación no cabe en un Estado de derecho. En el fondo, lo que piden es no tener a ningún gitano como vecino, algo que ninguna Administración puede ni debe garantizar.

Parece lógico y humano que prefieran tener en la puerta de enfrente a personas de su misma clase y costumbres. La convivencia se supone más fácil. Pero la ley no puede asumir ese sentimiento. Legalmente todos somos iguales, una conquista magnífica que costó siglos. Si el gitano nos parece un intruso, imaginemos cómo verían en la Inglaterra de los años setenta a nuestros emigrantes recién salidos de sus parroquias. No creo que les pareciésemos muy british. Pero nadie se planteó exigir que se prohibiese nuestra presencia en pisos. La ley está por encima del gusto personal.

Otra cuestión son los traficantes. En O Vao y Penamoa los hay, pues son supermercados de la droga, tolerados porque mantenían el trapicheo alejado del centro. Pero las autoridades gallegas han enfatizado que nadie vinculado a la droga va a beneficiarse de pisos de protección. Las palabras de nuestros gobernantes tienen lógica y merecen un voto de confianza.

Soliviantarse por el mero hecho de que en una lista de beneficiarios de vivienda social haya apellidos gitanos sabe a racismo. Esas familias tienen derecho a mejorar sus vidas. Igual que mis abuelos o los suyos cuando dejaron atrás la miseria medieval del cortello para buscar oportunidades en las urbes del siglo XX.