El Gobierno pretende traer en dos años a 1.500 extranjeros de Perú, Senegal y Ecuador, y emplear a otros tantos en sus propios países José Luis Rodríguez Zapatero quiere rebajar la lista de parados pescando trabajadores en terceros países. España aprovechará la falta de personal en la flota pesquera que faena en el país para contratar en los próximos dos años a 1.500 inmigrantes, entre africanos y latinoamericanos, que refuercen las tripulaciones.

Así lo confirmó ayer en Isla Cristina (Huelva) el responsable empresarial del proyecto y ex presidente del llamado Cluster de Empresas Pesqueras en Terceros Países, Marcial Varela, que contó con el apoyo incondicional del director general del Inem, Eduardo González, que dijo que «éste es un proyecto que está preñado de futuro».

Senegal, Ecuador y Perú serán los países que pongan la mano de obra, en el marco de un programa de formación, selección y contratación de marineros, bautizado con el nombre de Forpex y apadrinado por los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo y Agricultura y Pesca.

En total, serán 3.000 los marineros que se beneficiarán del Forpex. La mitad, desde sus países de origen para empresarios españoles. El resto viajará a España para firmar contratos de trabajo con armadores nacionales y cofradías de pesca de bajura.

Guinea Bissau, Mozambique, Angola, Seychelles y Cabo Verde han manifestado ya su interés al Cluster – organización de armadores que dispone de sociedades mixtas en terceros países – para participar en el programa. En el caso de Mozambique y Angola, las negociaciones están más avanzadas y ya hay 800 personas trabajando para armadores españoles: 500 en Mozambique y 300 en Angola. Entre las empresas con intereses en ambos lugares están Pescanova, Mariscos Rodríguez y el Grupo de Amador Suárez, entre otros.

Con este escenario, España mata dos pájaros de un tiro. Primero, sortea la entrada de inmigrantes formando marineros en Africa y Latinoamérica. Y segundo, aprovecha la tesitura para contratar personal que cubra las necesidades españolas.

En la actualidad, un total de 17.000 marineros trabajan en la flota española que opera en terceros países. De ellos, 5.000 son nacionales y el resto, extranjeros. El Ministerio de Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, correrá con los gastos, de unos 1.165 euros por marinero.

El director general del Inem aprovechó su presencia ayer en el II Seminario Internacional Las empresas pesqueras ante el nuevo marco de relaciones económicas para dejar claro al resto del empresariado español su deber para poner en marcha este tipo de proyectos en otros sectores con escasa mano de obra.

El Gobierno prepara un real decreto que endurecerá las sanciones en materia de pesca ilegal y permitirá a España perseguir estos delitos con la misma capacidad jurídica que el genocidio o la tortura. El Estado español podrá juzgar en tribunales españoles a aquellos armadores nacionales que, bajo bandera de otro país, practican la pesca ilegal en terceros países.

En la actualidad, el Estado español es el único que está actuando contra sus armadores nacionales en este sentido. Pero no lo hace directamente, sino que precisa de un permiso del país donde faena el presunto infractor. Este dispone de tres meses para decidir si da a España competencias para actuar. La propuesta está ya en la mesa del Consejo de Estado y prevé aprobarse en Consejo de Ministros antes del verano.