El colectivo calé se plantea una batería de demandas contra residentes en Caritel y Monte Porreiro

El fiscal jefe de la Audiencia se pone al frente de la investigación de los incidentes por los realojos de O Vao

El colectivo calé se plantea una batería de demandas contra residentes en Caritel y Monte Porreiro

El próximo lunes por la mañana, dos dirigentes vecinales pontevedreses tendrán que comparecer ante el fiscal jefe tras una reciente denuncia a raíz de unos incidentes por los realojos de Monte Porreiro. Juan Carlos Aladro precisó que se trata de unas diligencias a título informativo después de que Sinaí Giménez, presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, denunciase unas amenazas públicas y fomento de la violencia supuestamente por parte de Ángel Mario Lago y José Manuel Dopazo, apuntó en este sentido el portavoz gitano.

De este modo, el fiscal jefe de Pontevedra toma el mando de las investigaciones encaminadas a depurar responsabilidades, si las hubiera, en los altercados que se han producido como consecuencia de los polémicos realojos. En este sentido, Sinaí Giménez señaló que su denuncia se refiere a las afirmaciones que presuntamente se vertieron en un medio de comunicación, así como «el acoso a las familias con movilizaciones a las dos de la mañana con petardos». El líder gitano considera que ambos dirigentes vecinales estaban al frente de esas acciones.

En este punto, reiteró que su denuncia no solo se refería a las personas de Ángel Mario Lago y José Manuel Dopazo, sino que también solicitaba que «se identificase a la gente que había golpeado las casas de las familias y había insultado a los afectados».

No es la única demanda que se plantea interponer en los próximos días el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano ante la Fiscalía de Pontevedra.

Una de ellas podría tener como destinatarios estos mismos dirigentes vecinales. En este caso, el motivo que esgrime el portavoz gitano es que Ángel Mario Lago y José Manuel Dopazo asistieron el jueves por la tarde en Pontevedra a un acto contra la intolerancia con el fin de «provocar a los convocantes y a las familias, y propiciar enfrentamientos». Al término de la cita se vivieron momentos de tensión entre ambas partes.

Ampliación

Las acciones legales que pretende tomar el colectivo gitano no terminan aquí, ni mucho menos.

Todo apunta a que aprovechará la toma de declaración de los dirigentes vecinales para ampliar esta primera denuncia y, de este modo, incluir una serie de hechos que estima pueden ser delictivos y que tendrían como autores a residentes de la parroquia de Caritel, en Ponte Caldelas. Así, aseguró ayer que ya ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra las presuntas manifestaciones verbales que se están realizando contra los realojados y en las que supuestamente se dice «caña, caña, y si no os vais, fuego, fuego».

Quien también anunció su intención de acudir a la vía judicial es el alcalde de Poio. Luciano Sobral tiene previsto remitir a la Fiscalía este próximo lunes un informe en el que se recoge todo lo que se vivió durante y al término del pleno municipal que se celebró el pasado martes.