La inmigración ilegal es uno de los negocios más rentables en Guatemala. La indiferencia, la incapacidad o la abierta complicidad de las autoridades han convertido al país centroamericano, transcurridos doce años de los acuerdos de paz, en una nación que no puede ofrecer a sus habitantes las oportunidades necesarias para vivir con un mínimo de dignidad.

Esta circunstancia hace que poblaciones enteras, particularmente de los sectores rurales, busquen en EE UU esas fuentes de trabajo. Y, ante las dificultades casi insalvables de obtener un visado decidan, literalmente, jugarse la vida en manos de las bandas de coyotes (traficantes), quienes, por una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros, ofrecen a los jóvenes llevarlos a EE UU a través de México para alcanzar el sueño americano, donde tienen contactos que les proporcionarán el ansiado trabajo.

El hambre ancestral aprieta y no se ve la luz al final del túnel. Venden o empeñan sus escasas propiedades para iniciar una aventura que, en la mayoría de los casos, termina con la repatriación cuando no con la muerte por insolación y sed en el desierto, donde los coyotes los abandonan a su suerte, no sin antes robarles cuanto objeto de valor puedan llevar consigo. En el caso de las mujeres, las someten a toda clase de vejaciones, que van desde violaciones hasta su venta en prostíbulos de la zona fronteriza entre EE UU y México.

Cuando regresan a Guatemala repatriados vuelven humillados y con deudas impagables hasta el extremo de que intentan de nuevo la travesía las veces que haga falta. Un drama humano que encuentra poco reflejo en los medios de comunicación y ninguno a nivel gubernamental.

No hay estadísticas. La naturaleza clandestina del tráfico de personas favorece esas tinieblas. Se estima, eso sí, que entre 80 y 100 guatemaltecos intentan diariamente aspirar al sueño americano. Nada más adentrarse en territorio mexicano, e incluso antes de abordar el tren de la muerte, empieza el calvario. Los testimonios de abusos cometidos por la propia policía son estremecedores.

Pero muchos logran llegar. Según cálculos de la Embajada de Estados Unidos, alrededor de 1,2 millones de guatemaltecos residen y trabajan en el país del norte. La mayoría de ellos, al margen de las leyes migratorias. Viven en condiciones infrahumanas, en pensiones de mala muerte o hacinados en casas alquiladas y realizando los trabajos que nadie quiere hacer, en jornadas de más de 10 horas diarias. Pero esa economía de subsistencia les permite enviar dinero a sus familias, hasta el punto de que las remesas se han convertido en la primera fuente de ingreso de divisas para el país.

De acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala, el año pasado la cifra ascendió a 4.100 millones de dólares.

La crisis económica que se vive en EE UU, junto al endurecimiento de la política migratoria de Washington, deja entrever negros nubarrones en el horizonte.

A lo largo de 2007, el número de deportados superó los 23.000. Entre el 1 de enero y el 24 de marzo de este año, los expulsados sumaban ya 4.528, cifra que se incrementa a diario con vuelos procedentes de diferentes ciudades estadounidenses.

A pesar de lo anterior, el Estado guatemalteco se ha mostrado incapaz de establecer una política de protección a estos trabajadores. Así lo enfatizó el Defensor del Pueblo, Sergio Morales, al enviado especial de la ONU en materia de protección de los derechos humanos de los emigrantes, Jorge Bustamante, quien, a invitación del Gobierno, finaliza hoy una visita oficial de cinco días.

“Guatemala no tiene una política de emigración”, dijo Morales a la prensa tras entrevistarse el pasado lunes con el funcionario internacional. “Aunque ya se creó la Comisión Nacional del Migrante, no hay un marco legal que contenga mecanismos de protección tanto para los guatemaltecos como para aquellos que se encuentran aquí ya sea en busca de llegar a Estados Unidos, o de vuelta a sus naciones de origen tras su deportación”.

Morales criticó el silencio oficial con respecto a los riesgos de emprender el viaje en determinadas épocas del año, extremo que permite que muchos mueran en el desierto al intentar cruzarlo entre los meses de marzo y agosto, los más calurosos.

También se pronunció en contra de que los consulados guatemaltecos en diferentes ciudades estadounidenses no ofrezcan ningún apoyo a los connacionales y el abandono total que encuentran al llegar a Guatemala. “La falta de información llega hasta tal extremo que incide en casos dramáticos, como un aumento en contagios de sida que, con 120.000 infectados, nos coloca en el cuarto lugar de América Latina”.

El Defensor del Pueblo espera que el informe que Bustamante presentará en Ginebra sea lo suficientemente explícito para despertar la conciencia internacional. “Necesitamos que se haga pública la grave realidad por la que este sector de la población atraviesa”, dijo Morales. Y añadió: “es necesario sensibilizar a nuestras autoridades en la urgencia de la puesta en práctica de una política integral de protección a los migrantes”.