La investigación de la muerte de Laucling Sonko, el inmigrante senegalés de 28 años que murió ahogado tras ser devuelto al mar por la Guardia Civil ha abierto la puerta a otras cuatro denuncias que cuestionan el método utilizado por España para intentar frenar a los indocumentados que tratan de colarse a nado en Ceuta a través de la bahía de Benzú. El Defensor del Pueblo estudia varias denuncias con historias idénticas a las investigadas por la Fiscalía del Estado.

Los hechos, según explican fuentes de cooperantes no gubernamentales radicadas en Marruecos, corresponden a cuatro noches en las que los inmigrantes subsaharianos afectados aseguran que la Guardia Civil utilizó el mismo procedimiento para la expulsión de los inmigrantes que tratan de colarse a nado burlando la frontera.

El método cuestionado es el quid de la cuestión. Los indocumentados interceptados en el mar son izados a las embarcaciones de la Guardia Civil, que custodia el perímetro fronterizo, y devueltos al mar en aguas marroquíes para que vuelvan por sus propios medios a tierra. Algo que, para los cooperantes que trabajan al otro lado de la frontera no es una sorpresa. «Se lo hemos oído contar a muchos inmigrantes subsaharianos, es la misma historia siempre», explican alarmados ante las explicaciones de la Delegación de Gobierno que considera legal el protocolo.

Las mismas fuentes señalan un dato llamativo. El Gobierno español sólo niega que los agentes de la Guardia Civil pincharan el salvavidas del senegalés. «Es sólo un detalle, el resto de la historia la corroboran, es muy fuerte», dicen con indignación.

Protocolo a revisión

Y en medio de la polémica, tres agentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta imputados por la Fiscalía del Estado que les investiga por un posible caso de homicidio imprudente. Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la desgraciada muerte del inmigrante senegalés ha puesto en evidencia que es necesario «revisar» el protocolo de devolución de inmigrantes interceptados en la frontera marítima entre Ceuta y Marruecos.

En opinión de Juan Amado, portavoz de la AUGC en Ceuta, es necesario revisar este protocolo por dos motivos. «El primero es que ha muerto una persona y eso nos obliga a replantearnos el método; y segundo porque quien paga estas cosas son, primero el inmigrante y después los agentes que han de poner en práctica el protocolo».

Amado subraya que en ningún momento la AUGC cuestiona la legalidad del protocolo de expulsión de inmigrantes. «Sólo llamamos a la reflexión ante la muerte de una persona», apela el portavoz de la asociación profesional de guardias civiles de la ciudad autónoma recordando que el protocolo es legal. «Pero entendemos que ha habido una muerte accidental y debe revisarse».