ÉRIKA MONTAÑÉS

PONTEVEDRA. El conflicto generado por el realojo de varias familias de etnia gitana cuyas chabolas ubicadas en el llamado «supermercado de la droga», el poblado de O Vao, fueron derruidas el pasado diciembre por orden judicial se ha enquistado en los municipios pontevedreses de Poio y Ponte Caldelas. El caso ha dado más de un giro de tuerca cuando, tras el asentamiento de varias de esas familias en el barrio de Monte Porreiro, las protestas vecinales acabaron por forzar su traslado. Los vecinos exigen, no obstante, una garantía por escrito de que esos clanes, a los que dicen temer «por el trapicheo de droga y no por racismo», no regresarán al barrio. Al negarse a rubricar tal compromiso, el alcalde de Poio, Luciano Sobral (BNG) vivió en propias carnes hasta dónde están dispuestos a llegar.

El pleno ordinario convocado para el martes se presentaba muy caldeado. Dentro y fuera de la Casa Consistorial, unas 300 personas desplazadas desde Monte Porreiro y la parroquia de Caritel (en Ponte Caldelas, donde residen 16 gitanos) enarbolaban pancartas contra ésa y otras administraciones nacionalistas, la Consejería de Vivienda, que costeó el realojo, o la Alcaldía de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores, el regidor pontevedrés, ha dado una de cal y otra de arena. Inicialmente se le tachó de racista por cortar el agua a los inquilinos realojados y prometer su marcha antes de las generales. En Monte Porreiro le acusan de tolerar después el regreso de los clanes. Pero fue Sobral el mayor objeto de ira. Durante hora y media permaneció escoltado en el interior del ayuntamiento que rige, para salir de la misma forma y pasar a ser zarandeado por los vecinos. Con todo, insistió en que no se va a dar la garantía por escrito que exigen, aunque llamó a la calma para buscar soluciones.

Después comprobó los ánimos más que caldeados de un puñado aislado de violentos que la tomaron con su coche, al que pincharon las ruedas y destrozaron parte de la carrocería además de imprimir con un objeto punzante un insulto contra el dueño. El incidente fue condenado ayer por su homólogo en Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez (PP), que lamentó los hechos al tiempo que demandó «empezar de cero», ya que, consideró, «es evidente que se han hecho mal las cosas y se está generando conflictividad social en la comarca».