El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, defendió ayer que este tribunal se haga cargo de las investigaciones sobre los grupos de delincuentes organizados dedicados al tráfico de seres humanos. El juez del 11 – M, durante un desayuno informativo, aseguró que la Audiencia Nacional debería ser la competente en estos sumarios para unificar criterios y jurisprudencia, ya que en la actualidad hay una «dispersión de doctrina», pues son numerosos los juzgados que se ocupan de instruir los casos contra las redes de inmigración clandestina.

Gómez Bermúdez denunció que hay sentencias muy «desiguales» contra estas mafias, ya que en muchos casos sólo se juzga «sectorialmente» a estos grupos sin tener en cuenta otras investigaciones abiertas en otros tribunales. El máximo responsable de la Sala de lo Penal aseguró que asumir las investigaciones sobre las redes de tráfico de personas no supondría tener que reforzar la plantilla de la Audiencia Nacional porque antes habría que llevar a cabo una profunda remodelación de este tribunal para quitarle algunas competencias y sumarle otras nuevas.

Para el magistrado, no tiene ya sentido ya que el tribunal especial de la calle Génova se ocupe de blanqueo de capitales, delincuencia económica o falsificación de moneda. En cambio, en su opinión, la Audiencia Nacional, además de las redes de inmigración, debería instruir los sumarios referidos a los delitos informáticos internacionales o contra el patrimonio histórico, siempre que estos ilícitos fueran cometidos por grupos organizados. Su idea es centralizar los sumarios en un solo tribunal para «investigar, como se hace en otras ramas del crimen organizado, a toda la organización, aguantado las operaciones hasta llegar a la cúpula».

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que asistió al desayuno, se mostró de acuerdo con las apreciaciones del magistrado. Pumpido defendió la especialización en la Audiencia Nacional y apostó por definir mejor las competencias de este tribunal, especialmente en la lucha contra la criminalidad organizada y la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad.

Gómez Bermúdez, que calificó de «modélica» la legislación española antiterrorista, sin embargo también abogó por introducir algunas reformas, en particular a la tipificación de los delitos de corte islamista o yihadista. En esta línea, afirmo que el proselitismo integrista o la financiación de células deberían considerarse delitos por sí solos y no dentro de la catalogación habitual de pertenencia o colaboración con banda armada.

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