madrid. La Federación de Mujeres Progresistas ha pedido la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual para dotarles de mayor protección, ya que el 95% de las localizadas por la Policía son extranjeras y su destino es la expulsión.

Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, esta organización ha presentado un estudio que sitúa a España como uno de los principales países de destino de víctimas de trata para explotación sexual, donde anualmente se identifica a más de 18.000 mujeres extranjeras víctimas de este delito según la Guardia Civil, que reconoce que este número no representa ni la mitad de los casos existentes. Las provincias donde se han localizado un mayor número de víctimas son Toledo (1.804), Ciudad Real (1.420), Valencia (1.307), Palencia (1.361) y Madrid (1.209); y casi el 60% de las mujeres identificadas en los clubes de carreteras por las Fuerzas de Seguridad durante 2006 procedían del continente americano. Brasil, Colombia, República Dominicana y Paraguay son los principales países de origen de estas mujeres. Muchas de estas víctimas no presentan denuncias, ya que la mayoría quedan libres cuando saldan su deuda con la organización al cabo de uno o dos años, según ha explicado la presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro. También ha indicado que cuando los agentes llevan a cabo un operación en un club, a las mujeres se les aplica la ley de extranjería y dada su situación irregular el destino es la expulsión. A su juicio, como víctimas de este delito debían aplicarse todas las medidas que prevé la ley integral para las víctimas de violencia de género. Propone que se aprueben protocolos de actuación para que los agentes “detecten qué mujeres son víctimas de explotación sexual” y pueden dotarles de asistencia y protección.

Además, la Federación de Mujeres Progresistas urge al Gobierno que ponga en marcha actuaciones para evitar la proliferación de casos, entre ellas, la aprobación definitiva en esta legislatura del Plan de Acción Nacional contra la Trata y la transposición de una directiva europea sobre la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que cooperen con las autoridades. Mejorar el intercambio de información entre los cuerpos de seguridad de los países de origen, tránsito y destino y trabajar para que se visibilice el fenómeno como delito, son otras propuestas, ya que ha recordado que el Código Penal castiga al proxeneta pero no la persona que ejerce la prostitución, y así se une la vulnerabilidad de las mujeres. >efe