El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha iniciado un nuevo trámite de desahucio

Donostia. Casi tres meses después de decretarse el desalojo, el viejo instituto de Formación Profesional de Martutene devuelve de nuevo la misma imagen, con ropas tendidas por el patio y trasiego de gentes. Como si nada hubiera ocurrido, una veintena de ciudadanos del Este ocupan desde hace diez días el desvencijado inmueble, según informaron ayer a este periódico vecinos de este barrio donostiarra.

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco procedió al desahucio que se creía definitivo el pasado 9 de enero, en una intervención que contó con responsables de Educación, propietaria del edificio.

Desde entonces no se había detectado movimiento alguno, pero desde hace diez días pesa en la zona la sensación de que se procedió al “cierre en falso” de un problema social al que no se ha dado carpetazo definitivo. “Vinieron hace dos semanas. Primero lo hicieron unos seis o siete, pero ahora mismo serán no menos de una veintena”, relataron testigos presenciales, que reviven un episodio conocido.

Cerca de un centenar de rumanos ha llegado a residir en el inmueble estos meses atrás, lo que suscitó no pocas quejas vecinales, que mostraron su preocupación por los problemas de salubridad que se venían registrando. Muchos de estos compatriotas llevan décadas soportando una situación de marginalidad que se ha cronificado.

Lo cierto es que, a día de hoy, las condiciones higiénicas que presenta el inmueble siguen siendo deplorables. Desde que se produjo el desahucio, el pasado 9 de enero, no se han llevado a cabo las tareas de limpieza que se plantearon en un primer momento. El Gobierno Vasco ha solicitado durante este tiempo presupuesto a diferentes empresas de limpieza, pero el plan, finalmente, no ha tomado forma.

un segundo trámite A pesar de que la vigilancia policial es más laxa durante las últimas semanas, los agentes patrullan con la frecuencia suficiente como para haber detectado los nuevos movimientos. Tanto es así que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, según ha podido saber este periódico, conoce de cerca la nueva situación y ha iniciado un segundo trámite de desahucio, que puede demorarse en el tiempo. Este departamento sabe el proceso burocrático que le aguarda, puesto que ya abrió un expediente similar en noviembre para obtener la orden judicial pertinente.

Entretanto, la definición del futuro uso del edificio sigue siendo una incógnita. El Ayuntamiento de Donostia ha exigido en más de una ocasión al Gobierno Vasco que dote de alguna utilidad al antiguo centro formativo, que se encuentra vacío desde su clausura hace más de cinco años y, sobre todo, que lo haga con prontitud.

La incógnita de su futura utilidad no se ha despejado y, mientras tanto, quienes más necesitan un techo no se lo han pensado dos veces para volver a ocupar el edificio, más aún teniendo en cuenta que no fue tapiado en enero. A pesar de la eventual presencia policial, ofrece todas las posibilidades para volver a ser ocupado. “No se ha hecho nada. Cuando se produjo el desalojo se cerraron las puertas, pero las ventanas han continuado abiertas, con la posibilidad de entrar en cualquier momento. Lo que no sabemos es a partir de ahora quién se va a echar las culpas por no haber previsto esta nueva situación”, describía un vecino.

buscar una salida Agentes de la Policía autonómica custodiaron el pasado 9 de enero el edificio y procedieron a su cierre, semanas después de que este periódico hiciera pública la situación que se venía registrando. Durante este tiempo, ciudadanos rumanos han recibido la atención de los técnicos municipales para tratar de buscarles una salida. Hay familias que han estado acogidas por los servicios de alojamiento de urgencia. Entre otras actuaciones, el equipo de mediación que ha trabajado a pie de obra con este colectivo se ha dedicado a acompañar a centros de salud a las mujeres embarazadas que residían en el edificio ocupado.

En otras ocasiones, también ha prestado ayuda a las familias en la búsqueda de un empleo y un hogar. “En cualquier caso, al final es una decisión personal y no podemos más que seguir con ellos”, reconocían desde el propio Consistorio cuando se produjo el desahucio.

Según la asociación Cárpatos de Euskadi, el número de rumanos residentes en Gipuzkoa se sitúa entre el millar y los 2.000, según el padrón de 2006, con las comarcas de Donostialdea y Goierri como principales focos de concentración.

La presencia de ciudadanos procedentes de este país se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. Tanto es así que Europa del Este ha pasado a ser, después de Latinoamérica y el Magreb, la tercera fuente de inmigración de Donostia.