Sin duda, las mujeres inmigrantes soportan una doble discriminación, en su condición de mujeres y de extranjeras, y en este sentido son también más vulnerables al abuso. En el ámbito laboral, acceden a ocupaciones que no desean los ciudadanos y ciudadanas vascas para sí, y pese a que de las tareas que realizan estas trabajadoras depende el equilibrio de muchas familias – cuidado de ancianos, niños, personas dependientes, tareas domésticas… – no reciben ni una remuneración económica justa ni mucho menos merecen el reconocimiento social.

En este sentido, es exigible que se incorpore la perspectiva de género a las políticas dirigidas al colectivo de inmigrantes, ya que sólo de ese modo se logrará que estas mujeres puedan ocupar el lugar que se merecen en la sociedad y que se liberen de factores de opresión cultural o religiosa que aparecen detrás de algunos cuadros de abusos de los que son objeto.

Las actuales leyes no garantizan la igualdad de derechos, y es urgente impulsar normas que sirvan para atajar la discriminación.