Como todos los lunes, el chárter de Air Comet que enlaza los aeropuertos de Madrid y Natal aterrizará hoy en la capital de Río Grande del Norte cargado de turistas españoles. Un viaje de placer que entraña, desde hace semanas, una desagradable posibilidad: el rechazo en el control de llegadas del aeropuerto de destino.

El pasaporte español se ha convertido en un documento incómodo en Brasil. Entre el 6 y el 12 de marzo, 24 turistas españoles fueron rechazados en los controles de inmigración de Salvador de Bahía, Río de Janeiro y Fortaleza. Las autoridades brasileñas les exigieron billete de vuelta y una serie de requisitos hasta ahora no necesarios para los pasajeros españoles.

El martes pasado, en el aeropuerto de Recife, los 400 pasajeros de un avión de Aerolíneas Argentinas que efectuó un aterrizaje de emergencia por una avería, permanecieron confinados siete horas en la aeronave hasta que se les dejó dormir en un hotel local.

Unos días antes, Lucía Silva, con la doble nacionalidad brasileña y española, no pudo tomar su avión a Barcelona porque en Salvador de Bahía le exigieron la autorización del padre para volar con su hijo de 22 meses. La legislación brasileña contempla la obligación de contar con el permiso paterno a todos los menores que abandonan el país, pero normalmente, con pasaporte español no han sido antes tan estrictos.

El Ministerio de Exteriores de Brasil no oculta que estas medidas suponen una “reciprocidad” hacia España, que ha impedido la entrada en el primer trimestre de este año a un millar de brasileños. Un absurdo rifirrafe que amenaza con abrir una grieta en las relaciones entre Brasil y España, que un diplomático español sigue definiendo como “excelentes”. Un problema calificado de “grave” por el propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que intentarán resolver los ministros de Exteriores de los dos países en una reunión prevista para finales de mes. Después de todo, España es el segundo país por volumen de inversiones en Brasil, que recibe anualmente a 200.000 turistas españoles.

La única culpabilidad de España, según el Ministerio del Interior, consiste en aplicar con rigor la normativa europea de Schengen, que exige una serie de requisitos a todos los extranjeros que no procedan de la UE: además del pasaporte en regla, billete de ida y vuelta, una reserva de hotel o una carta de invitación y 60 euros por día de estancia prevista en el país (un mínimo de 540 euros), suma revisada por una orden del 10 de mayo de 2007. Una “barbaridad” de dinero para Sherley y Priscila, dos treintañeras brasileñas llegadas el sábado 9 de febrero al aeropuerto de Madrid. “Venían a pasar tres meses conmigo”, cuenta Goizalde de Eguskiza, una bilbaína que trabajó para una ONG en un orfanato de Río de Janeiro.

Sherley y Priscila fueron rechazadas en el control de inmigración y conducidas a la sala de retornados por no llevar los 5.400 euros exigidos. “Fue una experiencia terrible. No pudimos comunicarnos con ellas hasta que no llegaron de regreso a Brasil, el lunes siguiente. Me contaron que la sala en cuestión estaba atestada de gente y que no pudieron ducharse porque no tenían ni siquiera sus maletas”. Fueron tratadas como sospechosas y llevadas en un furgón policial al avión que las llevó de regreso a Río. Una pesadilla para cualquier persona normal.

“Venían ya con miedo. Habían oído que en España expulsaban a los brasileños, pero les dije que eso eran tonterías”, cuenta Goizalde. La necesidad de reprimir la inmigración irregular con más rigor, cuando la crisis económica asoma las orejas, ha podido jugar un papel en esta desastrosa guerra hispano – brasileña.

Del lado brasileño han influido también otras razones, como el retorno forzado de dos estudiantes de posgrado del prestigioso IUPERJ (Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro). “Esto causó escándalo, es cierto”, reconocen en la Embajada brasileña en Madrid. El caso de Patricia Rangel y Pedro Luiz Lima, ocurrido el 5 de marzo, mereció un gran despliegue informativo en su país y sirvió para destapar un episodio similar anterior: el de la estudiante de Física de 23 años Patricia Camargo Magalhaes, rechazada en el control de pasaportes de Barajas en febrero porque no pudo acreditar cuál sería su alojamiento en Madrid. El diario Folha De São Paulo se hizo amplio eco del tema. Haciendo caso omiso de las razones aducidas por las autoridades españolas, Patricia no dudó en interpretar su expulsión como “una demostración de prejuicio social y sexual”.

Fuentes de Interior rechazan de plano estas interpretaciones y señalan que, para empezar, no se puede hablar de detenidos, sino de personas a las que se les impide la entrada en España y esperan su repatriación en una sala especial. “Se les facilita intérprete, asistente social, se les permite hacer una llamada telefónica a su consulado y un catering de AENA les sirve tres comidas al día mientras están en esa sala 3. Pasadas las 72 horas, un juez se ocupa del caso y determina qué hacer. La norma es que la compañía que les ha traído se los lleve de vuelta”. Las amigas de Goizalde Eguskiza salieron, en cambio, horrorizadas del trato recibido. También Janaina Agostinho, que pasó una semana en la sala de retornados, esperando el chárter de Air Comet que la llevaría de regreso a Natal, el 16 de marzo.

José Ramón Algora, marido de Lucía Silva, también pasa días de zozobra, en su casa de Barcelona, a la espera de que la autorización firmada ante notario y presentada en el Consulado brasileño surta el efecto requerido, de forma que su mujer y su hijo de 22 meses puedan regresar a casa. Ella ha perdido ya varios días de trabajo, además de sufrir la humillación de ser retenida.

Una verdadera pena esta guerra, piensa Jesús Martínez Millán, presidente de la federación que agrupa a las agencias de viaje españolas. Barajas “ha sido siempre un coladero de inmigrantes. Entre otras cosas, porque las mafias que los traen se preocupan de que cumplan todos los requisitos”, señala.