La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desarticulado una red organizada dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes , cuyo núcleo principal se encontraba afincado en Almería, con ramificaciones en otras tanto en Málaga como Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, dedicada a la inmigración ilegal desde el norte de Marruecos a España.

Según informó la Benemérita en un comunicado, la organización fletaba embarcaciones con inmigrantes con destino a costas peninsulares, principalmente por las costas de Cádiz, ocupantes a los que después vendían contratos de trabajo con los que confeccionaban dossieres que presentaban ante la Administración en solicitud de permisos de residencia y trabajo en España.

Como resultado de la Operación ‘Balisa’ iniciada en 2007, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de doce personas de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad relativos a la prostitución.

Durante la operación, el Instituto Armado practicó diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Almería y Málaga, en las que fueron incautados numerosos documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias de la actividad ilegal investigada.

Embarcaciones

El ‘modus operandi’ era que una parte de la organización, previo pago convenido, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes – entre los que se encontraban menores de edad – eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros.