Sectores sociales observan con creciente preocupación la progresiva feminización de la pobreza en los últimos años

irun. El cinturón de la pobreza aprieta en Gipuzkoa y, a fuerza de tensar, acaba ahogando. Creencias casi seculares se han desmoronado como un castillo de naipes en la medida que gana terreno la precariedad de las condiciones de vida. “La renta básica, por ejemplo, la puede estar cobrando hoy cualquier familiar nuestro, cualquier vecino”, ejemplifica Antxon Arrieta, técnico del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Es un signo inequívoco de los nuevos tiempos, que están diciendo adiós a los estereotipos. Recurrir a este tipo de garantías de ingresos mínimos hace tiempo que no es terreno acotado sólo por los estratos sociales más bajos. La actual vorágine se va cobrando nuevas víctimas, como es el caso de las personas separadas, muchas de las cuales no pueden mantener dos pisos y acaban durmiendo en coches y caravanas, las mismas que se duchan en piscinas municipales. “Salen de su caravana con corbata para ir al trabajo, y lo peor es que con sus sueldos no entran en los baremos que manejamos”, reconoce Arrieta. Son los nuevos pobres.

Hay zonas castigadas de Donostialdea, barrios como Bidebieta, Altza o Larratxo en los que el curso del tiempo ha hecho aflorar nuevos perfiles de pobreza. Se trata de una realidad extrapolable a buena parte de territorios guipuzcoanos, en los que se registra desde hace un año un incremento del 20% en las solicitudes de prestaciones, como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y las de Emergencia Social (AES). “La gente no llega a un mínimo, y dentro del colectivo, la mujer se está llevando la peor parte”, asegura el párroco de Larratxo, Javier Hernáez, quien observa con creciente preocupación la galopante feminización de la pobreza.

no son marginados En este sentido, resulta llamativo observar la estadística de la Diputación, a 31 de diciembre de 2007. De los 1.451 expedientes de alta resueltos en Donostia sobre el Ingreso Mínimo de Inserción, nada menos que el 72,4% (1.050) se corresponde con peticiones formuladas por mujeres, con una edad comprendida entre los 40 y 45 años.

Se trata de una estampa que se repite sistemáticamente en todas las localidades: en Irun, por ejemplo, son 336 – un 73,5% – las féminas obligadas a recurrir a esta prestación. Otro tanto ocurre en Eibar (el 62%), Arrasate (el 77,%), Lasarte – Oria (el 72%) y el 65% en Errenteria.

Como dice el párroco donostiarra, ninguno de estos enclaves es marginal. Todas ellas son personas de lo más normal. “No se puede decir que por cobrar el IMI seas un marginado, ni mucho menos. Simplemente es que con el tren de vida actual, no les llega”, confiesa.

El fenómeno no es fácilmente visible, y quizá se deba a que muchas de estas situaciones se viven de puertas adentro. Lo cierto es que para los servicios sociales de base, cada día más desbordados, la ecuación es clara: si año a año crece el número de solicitantes, es que “la gente se está empobreciendo”.

La necesidad de salir del agujero resulta apremiante, y las horas no hacen sino sumar mayor ansiedad. “Ahí también reside buena parte del problema”, lamenta Hernáez, que está detectando “la enorme lentitud con la que se están resolviendo las solicitudes de ayudas”.

Pueden transcurrir del orden de dos a tres meses hasta que se da el visto bueno a una petición de IMI. Es cierto que la ayuda tiene carácter retroactivo, pero los préstamos no entienden de plazos, y de ahí que el endeudamiento esté creciendo como la espuma.

malas experiencias Errenteria, otra de esas localidades paralela a la N – I en la que las necesidades sociales no cesan, es un municipio donde la Diputación aprobó el año pasado 105 expedientes de solicitud de Renta Básica.

Alguna de ellas ha ido a parar estos años atrás a Rafa, que habitualmente despacha cupones en la villa. “Es una ayuda que te puede venir bien, pero también tiene sus trampas”, agrega con cierto recelo este hombre, que trabajaba como electricista hasta que una caída le provocó dos hernias discales y una minusvalía del 40%.

Su relato se interrumpe. “¿Qué número salió ayer?”, pregunta un cliente. “4 por delante y 0 por detrás”, responde Rafa, apostado en uno de los arcos del Ayuntamiento. Su testimonio prosigue. Aquella caída le obligó a trabar contacto con el mundo de las ayudas sociales y, su experiencia no fue del todo positiva. “Recibes la prestación, pero tienes que estar dispuesto a aceptar el trabajo que te propongan. Me llamaron para un empleo con Naturgas, pero tenía que subir a diario un montón de escaleras, y eso era precisamente lo que no podía hacer”, insiste.

Hoy lo recuerda como una broma, pero la casualidad quiso que aquel episodio coincidiera con su designación por RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) como representante de una comisión que acudió a Bruselas a un congreso sobre pobreza. “Fuimos allí a hablar de pobreza, y a la vuelta el que se quedó hundido fui yo porque me suprimieron todas las ayudas”, rememora con una pizca de nostalgia.

más inmigrantes Siguiendo el curso de la N – I, todos los testimonios ofrecen un conexión común: el de la necesidad. “Hasta ahora mandaba ropa a Senegal pero la verdad es que esa misma ropa la entrego ahora a colectivos de aquí”, confiesa María Dolores Lete, de 75 años, que arrastra con rabia el carro de la compra.

“Aquí”, como dice ella, es Irun. En concreto, la Plaza de Urdanibia, próxima a la calle Arbelaitz donde ha residido desde niña, lugar convertido en “zona de peregrinación” para un número creciente de inmigrantes. Todos llevan el mismo destino: las oficinas de los Servicios Sociales del Consistorio, que se ubican al otro lado de la plaza. “La situación es preocupante, porque la verdad es que cada vez hay más gente que no tiene trabajo”, le comenta a una amiga antes de volver a casa.

Cristina Garde, de la oficina de empleo de Tolosa, admite que es cierto que las personas extranjeras están solicitando la renta básica, pero “ni mucho menos” en el porcentaje que la sociedad interpreta.

El municipio elaboró el año pasado un diagnóstico para arrojar algo de luz sobre esta cuestión. A finales de 2005, estas peticiones representaban el 8,7% del total, y la lista la encabezaban colombianos, por delante de argelinos y marroquíes.

El problema ahora es que para pedir estas ayudas hace falta estar empadronado, y hace un año no había muchas pegas, pero critica que el Ayuntamiento “sí las está poniendo ahora”.

Esta empleada conoce de cerca casos “sangrantes”, como el de una mujer brasileña con dos hijos a su cargo que no puede acceder a ningún tipo de ayuda porque la propietaria de la vivienda en la que reside le niega el padrón. “Le podría alquilar una habitación como si fuera otra unidad convivencial, pero no lo hace, y así ella no puede acceder a ninguna ayuda porque en el cómputo global se tienen en cuenta también los ingresos de la dueña”, lamenta.