La Delegación del Gobierno en Ceuta ha sostenido que se cerró porque los guardias civiles «actuaron de forma correcta» El caso del inmigrante senegalés que murió ahogado después de que tres guardias civiles de Ceuta presuntamente le pincharan su flotador fue archivado el año pasado por falta de jurisdicción española y no, como ha mantenido estos días la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, porque «se comprobó que los agentes actuaron de manera correcta».

El caso ha sido recientemente reabierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta, el mismo tribunal que, nada más recibir la notificación por parte del Instituto Armado del fallecimiento del joven sin papeles Laucling Sonko el 26 de septiembre de 2007, abrió diligencias previas. Poco después las sobreseyó, según informaron fuentes jurídicas, al apreciar que no era competente para enjuiciar unos hechos que consideró que ocurrieron en territorio marroquí.

No hubo tiempo, por tanto, para esclarecer si los guardias civiles actuaron correctamente ni para determinar si tuvieron responsabilidad en la muerte del sin papeles. La investigación se cerró automáticamente tras estimar el tribunal que debía ser Marruecos quien llevara el caso.

Podría ocurrir que el sumario que se ha vuelto a abrir ahora ante la existencia de nuevos datos aportados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se cerrara nuevamente atendiendo a este mismo criterio.

Que los hechos ocurrieron en aguas marroquíes es algo que nadie discute. Pero, si se prueba que los guardias civiles pincharon el flotador del inmigrante cuando se encontraban en su barco patrulla, tal y como sostiene CEAR, el tribunal español sí sería competente para juzgar a los miembros del Instituto Armado.

Así lo dice el Defensor del Pueblo, que el pasado martes señaló en un comunicado que los nuevos datos «apuntan a la comisión de hechos con posible trascendencia penal realizados a bordo de un buque de bandera española, lo que determina que sea la jurisdicción española la competente para la averiguación de los hechos y sus responsables». El Defensor del Pueblo fue quien pidió, junto a CEAR, al fiscal general del Estado, Conde – Pumpido, que investigara de nuevo la muerte del senegalés. La ONG denunció que los tres agentes interceptaron al inmigrante cuando intentaba colarse en Ceuta montado en un flotador. A continuación, lo llevaron a 100 metros de la costa marroquí, le pincharon el flotador y le empujaron al agua. El senegalés, que no sabía nadar, se ahogó.

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta, Juan Amado, defendió ayer la inocencia de sus tres compañeros, negó que hubieran pinchado el flotador y calificó de «barbaridad» la denuncia. «Para la Guardia Civil, proteger a los inmigrantes es una tarea fundamental y llevamos años luchando contra las mafias que ponen en peligro sus vidas y denunciándolo a las autoridades marroquíes».