El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aclaró ayer que fue él quien informó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de la muerte del senegalés Laucling Sonko, que pereció ahogado a 100 metros de las costas de Ceuta. En una nota de prensa, Múgica hace esta aclaración después de que los medios de comunicación hayan informado de que Conde Pumpido investiga a tres guardias civiles acusados de provocar la muerte de Laucling Sonko al pincharle el flotador.

El Defensor explica que el pasado mes de octubre el abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Alberto Revuelta se dirigió a esta institución para denunciar estas circunstancias en la muerte de Sonko, de 28 años. Múgica recuerda que, según la legislación vigente, «cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presuntamente delictivos lo pondrá de inmediato en conocimiento del fiscal general del Estado».

Necesario investigar

En este sentido, el Defensor explica que «valorando que las circunstancias del fallecimiento del señor Sonko reclamaban una investigación de naturaleza penal, puso en conocimiento del fiscal general del Estado los escritos que había recibido del señor Revuelta, a los efectos oportunos».

Además, el Defensor del Pueblo indica en su comunicado que solicitó a Conde Pumpido que le mantuviera informado de los trámites que se realizase «en orden a investigar la denuncia (de CEAR) y, en su caso, establecer las responsabilidades que procediesen».

La Fiscalía General del Estado informó en diciembre al Defensor del Pueblo que se había ordenado al fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz que se realizaran las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

En el marco de estas investigaciones, el Defensor del Pueblo señala que ha sido informado este mes de que la Fiscalía de Cádiz ha instado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta de la reapertura del procedimiento de diligencias previas ante los nuevos datos existentes. Esos datos apuntan a la comisión de hechos con posible trascendencia penal realizados a bordo de un buque de bandera española, lo que determina que sea la jurisdicción española la competente para la averiguación de los hechos y sus responsables.