El relator especial de la ONU contra la Tortura , el austriaco Manfred Nowak, muestra en el último informe sobre España su«inquietud» por el supuesto aumento de «las denuncias de malos tratos infligidos a inmigrantes, atribuidos a motivaciones racistas o xenófobas», por parte de los agentes de policía que los detuvieron e interrogaron, o por los funcionarios que los vigilan en los centros de internamiento.

Nowak, en un documento fechado el pasado 18 de febrero, instó al Gobierno de España a que «garantice que todas las denuncias e informes de tortura y malos tratos serán investigados con prontitud y eficacia y que los funcionarios implicados serán suspendidos sus funciones hasta conocerse el resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posteriores».

La alarma expresada por el relator de la ONU en sus conclusiones tiene como una única base la comunicación recibida en tal sentido de organizaciones no gubernamentales españolas a las que el relator no identifica. Estas organizaciones le informaron de la existencia de "un alto aumento de denuncias de maltrato con trasfondo xenófobo». Los informes, que tampoco señalan el origen de los datos, indican que en 2004 las denuncias por agresiones de este tipo fueron 46, que al año siguiente la cantidad ascendió a 133 y que en 2005 el número fue de 109.

Las mismas organizaciones citadas advierten a Nowak de que la situación es aún más grave porque los inmigrantes maltratados «afrontan más dificultades que los nacionales (españoles), tanto en dependencias policiales como en sedes judiciales, cuando pretenden denunciar agresiones por parte de funcionarios de policía».

El Gobierno, a través de una serie de cartas remitidas por el Ministerio del Interior en 2007 y 2008, responde al relator que, realizadas las averiguaciones pertinentes sobre las supuestas denuncias y su aumento, «la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional ha informado que no tiene constancia de que se esté produciendo esa situación».

Sin constancia oficial

Interior indica al representante de la ONU que, ante la falta de constancia oficial, y «para poder analizar la cuestión planteada, sería preciso que las organizaciones no gubernamentales aportaran los datos en los que sustentan tal apreciación», como única forma de conocer su solidez y si responden a la realidad.

Lo que sí niega el ministerio, esta vez sin matices, es que los inmigrantes sean discriminados a la hora de denunciar cualquier maltrato ante la justicia. El Gobierno contestó al relator que «en España todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad, gozan de los mismos derechos y garantías para denunciar, tanto en dependencias policiales como judiciales, cualquier agresión o acto discriminatorio que atente contra sus derechos y libertades». Interior explicó a la ONU que el Código Penal y la Ley de Extranjería hacen una descripción clara y articulan mecanismos para garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes en España, que pueden ser exigidos de forma directa ante los tribunales, y para prevenir y perseguir los casos de racismo.

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