De los 55.921 inmigrantes afincados en Navarra al acabar el año pasado, 14.000 no tienen permiso de residencia y pocos más de 31.000 están afiliados a la Seguridad Social. Un problema
E N Navarra viven unos 14.000 inmigrantes sin permiso de residencia, según un informe elaborado por la Oficina de Atención a la Inmigración (OAI) y presentado ayer en la Comisión Interdepartamental de Inmigración. El estudio, presentado por el consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno Foral, Alberto Catalán, precisa que la población extranjera ha pasado en Navarra del 0,6% en 1996 al 9,2% en 2007, hasta situarse en 55.921 personas. De éstas, casi la cuarta parte procede de Ecuador. En este momento los extranjeros afiliados a la Seguridad Social superan los 31.000, frente a los 6.750 de hace ocho años. Son cifras considerables. La inmigración es una realidad visible y, en términos generales, considerada beneficiosa para nuestro presente y futuro económico, al margen de otras consideraciones de orden cultural y comunitario, sin duda más teóricos y discutibles y menos interesantes para una buena parte de la sociedad, que se atiene a análisis inmediatos y mensurables. Los inmigrantes se ocupan con alta frecuencia, como en otras regiones de España, de trabajos y cometidos no deseados por los paisanos y en muchos casos no se les pide la documentación que acredite su situación legal. Una institución humanitaria, si no directamente caritativa, facilita trabajo sin preguntar cómo ha llegado el inmigrante, de la misma manera que quien entra en el servicio de urgencias sanitarias debe recibir atención, sea cual sea su condición legal en el país. Pero el análisis no puede quedar ahí.

La seguridad jurídica es un principio irrenunciable y la ley debe cumplirse, mientras exista. La UE ha declarado que nadie puede andar sin estar plenamente identificado. No resulta aceptable que la primera en no cumplir las leyes sobre el flujo inmigratorio sea la propia Administración, como si no pudiera aplicar las normas. Después de aburrirnos con cifras de regularizados y repatriados, resulta que una cuarta parte de los inmigrantes residentes en Navarra son ilegales y casi la mitad no están afiliados a la Seguridad Social. Pero se benefician, como es obvio, de los servicios sociales. No parece fácil de aceptar.