El invierno que se cierne sobre la economía está congelando las expectativas de los extranjeros que aspiran a emigrar a España para trabajar. Durante la pasada legislatura, los empresarios importaron a 727.821 inmigrantes con contrato laboral.

A ellos hay que sumar otros 600.000 que esos mismos empresarios regularizaron en el proceso de normalización llevado a cabo por el Gobierno en 2005. En total, en los últimos cuatro años se han incorporado al mercado de trabajo, sólo por esas dos vías, más de 1,3 millones de inmigrantes. Eran tiempos de bonanza. Pero la borrasca económica que se avecina está empujando al Gobierno y a los agentes sociales a considerar que es necesario frenar el flujo de extranjeros para conjurar el fantasma del paro. España ha dejado de ser Eldorado.

El ministro de Economía en funciones, Pedro Solbes, ha lanzado la primera alerta del cambio de rumbo en la política de inmigración. En una entrevista mantenida el pasado miércoles en ELPAÍS.com, Solbes explicó que el mercado laboral ha cambiado debido a la mayor tasa de actividad. Para el ministro, eso implica que las cifras de paro deberían incrementarse a tasas inferiores que en el pasado. ¿Y por qué habría de ocurrir eso? El siempre prudente Solbes lo insinuaba después: “En especial si se atenúan, como parece razonable, las corrientes migratorias de los últimos años”. Ahí está la clave.

La portavoz del Ministerio de Economía, María Jesús Luengo, contextualiza la información de Solbes: “España sigue creando empleo. Pero como la población activa crece a un ritmo alto, esos nuevos puestos de trabajo no bastan para satisfacer la demanda. Y por eso aumenta el paro”.

Los técnicos del ministerio achacan el crecimiento de la población activa a dos factores: la inmigración y la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En realidad, el segundo factor es, en parte, consecuencia del primero: muchas mujeres pueden incorporarse al trabajo porque hay inmigrantes que cuidan de sus hijos. “Si se reducen los flujos migratorios, se reducirá también el crecimiento de la población activa”, señalan.

El problema es cómo reducir los flujos migratorios. En Economía no quieren pillarse los dedos con ese asunto. Según Luengo, “el ministro se refiere a que parece evidente que, al haber menos empleo, serán los propios inmigrantes los que desistan de venir a España”. Pero ésa es una consideración que sólo afecta a la inmigración irregular. ¿Qué ocurre con los inmigrantes contratados en origen, que sólo el año pasado fueron 234.457? A Solbes no le preocupa esa vía. Considera que “las solicitudes de los empresarios para importar trabajadores con carácter estable, de temporada o a través del régimen general se irán reduciendo a medida que se vaya modificando la situación de empleo”. Esa situación se define mediante el llamado Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo elabora en cada provincia, de acuerdo con sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España.

UGT cree que ese instrumento sigue siendo válido “y el más objetivo posible”. La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, afirma que “parece lógico pensar que, a través de los próximos catálogos, la situación nacional de empleo determinará que las contrataciones de inmigrantes en sus países sean inferiores a las de los últimos años”.

Reagrupación familiar

El secretario confederal de Migraciones de Comisiones Obreras (CC OO), Julio Ruiz, opina que será necesario modificar el cupo anual de contrataciones de inmigrantes. Por ejemplo, alude a la reagrupación familiar, vía por la que sólo el año pasado obtuvieron permiso de residencia 128.161 extranjeros. Y opina que los inmigrantes reagrupados acaban en el mercado de trabajo. De ahí que, según él, “el cupo deba contemplar esa realidad, prever las reagrupaciones que se van a producir y deducirlas de la cifra total de contrataciones en origen”. Si la medida que propone CC OO se hubiese aplicado el año pasado, los contratos en origen habrían descendido desde 234.457 hasta solo 106.296.

La visión de la reagrupación familiar como una fuerza de trabajo figura también en el programa con el que el PSOE ganó las elecciones del 9-M. El documento asegura que el Gobierno “tendrá en cuenta la incidencia de la reagrupación en las necesidades y coberturas del mercado laboral, a la vez que se promueve la integración laboral de quienes ya residen regularmente en España y especialmente de los reagrupados”. Añade que también “hará posible para que la autorización de trabajo de los reagrupados del núcleo familiar se incorpore de manera automática a la de residencia”.

Con ligeros matices, el Gobierno y los sindicatos parecen decididos a adaptar la política de inmigración a las nuevas circunstancias. Han diseñado conjuntamente la política que ahora se proponen modificar. Pero en aquel consenso participó de manera destacada otro agente social: los empresarios, a través de las patronales CEOE y CEPYME. También ellos están elaborando un informe con propuestas, que tienen previsto entregar al Gobierno. Aunque no ha trascendido el contenido del texto, parece claro que encajará con las opiniones de Solbes y de los sindicatos.