La absurda situación que se está viviendo en los aeropuertos españoles y brasileños a cuenta de las recíprocas deportaciones de pasajeros amenaza con prolongarse incomprensiblemente hasta después de la Semana Santa tras haberse pospuesto la reunión entre nuestro ministro de Asuntos Exteriores y su homólogo carioca. Desde el pasado 6 de marzo el desacuerdo migratorio entre ambos países ha originado que una veintena de españoles hayan sido también “deportados”, cuando en los últimos tres años el número apenas llegó a cuatro.

España esgrime que muchos brasileños no cumplen con los requisitos recogidos en los acuerdos de Schengen y Brasil ha respondido que, por su parte, ellos también se limitan a exigir sus trámites. Y es seguro que ambos Gobiernos tienen técnicamente razón. Tanto como injustificable resulta el despropósito de que entre dos países con un elevado intercambio de ciudadanos no se hayan actualizado las medidas de control al hilo del incremento de los flujos de inmigración y, al final, los pasajeros se hayan visto convertidos en moneda de cambio. Exigir un visado de entrada a España puede resultar incómodo, pero dejar al arbitrio de una plantilla de funcionarios desbordados la decisión de dar por buenos los requisitos ocasionará a corto plazo un deterioro mucho mayor de las relaciones entre ambas comunidades.