El número de inmigrantes detenidos en las costas malagueñas al intentar entrar en España en pateras ha caído drásticamente en un año. Según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, mientras que en 2006 el número de inmigrantes detenidos al intentar entrar en el país por las costas malagueñas fue de 539, la cifra cayó hasta los 189 el pasado año, lo que supone un descenso del 65% en el periodo.

No obstante, la asociación no descarta que se produzca una reactivación de la llegada de pateras a las costas andaluzas debido a que otras rutas son más largas y difíciles, y al despliegue en las costas de los países de origen del Frontex, agencia europea creada para controlar la inmigración irregular y que dispone de 116 barcos, 400 radares móviles, 27 helicópteros y 21 aviones. Esta mayor vigilancia está provocando que los inmigrantes salgan de puntos más distantes y menos controlados, aventurándose en travesías más peligrosas.

La asociación hace notar que el número de personas detenidas en las propias costas africanas al intentar salir se ha duplicado, pasando de 7.000 a 12.000 en el mismo periodo de tiempo, sin que se sepa en muchos casos qué ocurre con ellas.

Los datos se recogen en el informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos, y que fue presentado ayer en Málaga por Miguel Ángel Leal y Adolfo Granero, representantes de la delegación en la provincia. En el mismo se recuerda que Pro Derechos Humanos ha logrado evaluar de forma contrastada que 921 personas han perdido la vida durante el pasado año al intentar entrar en España a través de las costas, aunque estima que el número es mucho mayor: «No es exagerado estimar que al menos 3.500 seres humanos han perdido la vida como resultado de políticas de control de fronteras cada vez más represivas y crueles», indicó Leal.

Pro Derechos Humanos asegura en este sentido que «el gobierno no puede seguir enrocado en torno al dogma del cierre de fronteras», y reclama un nuevo diseño de la política migratoria «que sea capaz de acudir al análisis de las causas de la migración forzada, y compruebe que existen responsabilidades por parte de España y la Unión Europea». Además critica con dureza «el condicionamiento de las ayudas a estos países a cambio de que intensifiquen el control en sus fronteras», indicó Adolfo Granero.