La estremecedora cifra de 912 inmigrantes muertos en 2007 al intentar acceder clandestinamente a España, divulgada ayer por la Asociación Pro – Derechos Humanos de Andalucía, representa la dramática evidencia del riesgo que corren quienes se aventuran en las rutas desde la costa africana movidos por la desesperación. La apelación solidaria de aquellos que exigen una flexibilización de los controles para limitar el alcance de la tragedia resulta comprensible desde la humanidad y la compasión. Pero ese llamamiento no sólo resulta difícilmente asumible por la imposibilidad de absorber toda la potencial inmigración con plenas garantías. También lo es por la necesidad de impedir que la mayor porosidad de las fronteras acabe multiplicando la llegada ilegal de ciudadanos y el negocio de las mafias. Lo que implica la promoción de una inmigración regular, ordenada y pactada con los países de origen.