La estremecedora cifra de 912 inmigrantes muertos en 2007 al intentar acceder clandestinamente a España representa la dramática evidencia del riesgo que corren quienes se aventuran en las rutas desde la costa africana. Aunque resulta comprensible la apelación solidaria a una flexibilización de los controles para tratar de limitar el alcance de la tragedia, es difícilmente asumible, por la imposibilidad de absorber toda la potencial inmigración con plenas garantías y por la propia necesidad de impedir que la mayor porosidad de las fronteras multiplique la llegada ilegal de ciudadanos a la deriva.