| BARCELONA, España

El país asume error al darle residencia y pagará $ 365.800 a familiares de la española que mató.

El Estado español asumió su responsabilidad en la concesión de documentos de residencia a Gilberto Antonio Chamba y propuso indemnizar a la familia de María Isabel Bascuñana, última víctima del  Monstruo de Machala,  con 236.000 euros (unos $ 365.800).

Chamba, que llegó a España a finales del 2000 y legalizó su estancia en España en noviembre del 2002, durante el gobierno del entonces presidente José María Aznar (Partido Popular), fue sentenciado a 45 años de cárcel por la Audiencia de Lleida (Lérida, por su nombre en español) por el asesinato de Bascuñana, así como por el intento de violación y de asesinato de la prostituta Iuliana M.O. En concreto, la pena es de 32 años por el asesinato y violación y 13 por la agresión sexual e intento de asesinato.

María Isabel Bascuñana, una estudiante de Derecho de la Universidad de Lleida, fue encontrada muerta el 24 de noviembre del 2004 en el maletero de su carro. Fue un hallazgo que conmocionó a toda la sociedad española. La chica, de 21 años, había sido violada y estrangulada con un pañuelo.

Los agentes de los Mossos d’Escuadra (Policía de Cataluña) que realizaron la investigación encontraron pistas que les llevaron hasta Gilberto Antonio Chamba, un inmigrante ecuatoriano que trabajaba como guardia en uno de los estacionamientos próximos a la Universidad de Lleida. Luego se comprobó que Chamba era un violador en serie que había sido condenado en Ecuador por el asesinato de siete mujeres.

Posteriores informes del Instituto de Toxicología de Cataluña ratificaron que el ADN y las muestras de semen encontradas en el cadáver de Bascuñana confirmaban la culpabilidad de  Chamba. El acusado se declaró inocente en el juicio, llegando a afirmar que las pruebas en su contra habían sido colocadas por otros inmigrantes que querían vengarse de él. Pero de nada valieron sus argumentos, y la Audiencia de Lleida impuso la pena más alta de su historia.