La democracia ha sido discutida una u otra vez desde hace dos mil quinientos años. Sus ideas y valores centrales no han sido siempre compartidos, ni siquiera bien comprendidos. Mirando atrás, desde la ventaja que ofrece la perspectiva histórica, podemos observar cómo el sufragio universal estuvo, durante largo tiempo, ampliamente limitado. En 1832, el derecho al voto en Gran Bretaña, una de las democracias más antiguas del mundo, se extendía únicamente al 5% de la población mayor de 20 años. Las mujeres o quienes carecían de títulos de propiedad no gozaban de este derecho. Argumentos muy parecidos a los que se oyen hoy para excluir a las personas inmigrantes del electorado fueron utilizados en su momento para excluir a las mujeres o al conjunto de los trabajadores asalariados. Pocos discutirían hoy el derecho de voto a una mujer por el hecho de ser mujer.

Aquel que está incluido en el electorado de un Estado democrático no puede tener ninguna certeza de que sus intereses serán siempre satisfechos. Pero el que queda fuera, puede estar seguro de que sus intereses serán vulnerados, ya sea por negligencia, ya sea por daño directo. Imaginemos que todos los inmigrantes en situación regular hubieran tenido el derecho a sufragio en las elecciones. ¿Hubiera el Partido Popular hecho del “contrato de integración” el eje de su campaña?

La Constitución española restringe el derecho a voto de los inmigrantes, y sólo en las elecciones locales, a convenios de reciprocidad entre estados. El resto de la población extranjera, que proviene de países exentos de este tipo de convenios, queda excluido de este derecho. Esta situación de discriminación exigiría un cambio que vinculara el derecho a voto a la residencia del inmigrante, con independencia de su origen. Elevar este derecho al ámbito estatal y al regional sería el siguiente paso hacia una ciudadanía plena.

En definitiva, todo adulto que está sometido a las leyes de un Estado (y los inmigrantes lo están) debe ser considerado suficientemente cualificado como para participar en el proceso democrático de elecciones. En resumen, el conjunto de derechos y deberes asociado a la ciudadanía de un país democrático debe incluir a todas las personas sujetas a sus leyes.

M. VANCEA, departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra