El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, indicó hoy que su departamento extenderá a otros partidos judiciales las medidas puestas en marcha ya en el de Arona (Tenerife) para detectar los matrimonios de conveniencia.

Ruano, en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada de CC Flora Marrero, concretó que estas medidas, consistente fundamentalmente en formación, se comenzarán a llevar a cabo en los juzgados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura.

El consejero matizó que el incremento que se ha registrado en los últimos años en Canarias en el número de matrimonios entre personas de origen comunitario y de terceros países se debe a que la llegada de más personas genera nuevas relaciones, con lo que consideró necesario diferenciar estas uniones de las de conveniencia, que sí están penalizadas.

Añadió que Canarias en materia de justicia tiene competencias en la organización de los recursos materiales y humanos, y recordó que los registros civiles tienen una estructura centralizada en el Ministerio de Justicia y la función de los jueces en este caso no es jurisdiccional sino administrativa.

Además precisó que el máximo órgano es la Dirección General de Registros y Notariado.

Ruano precisó que lo que se ha hecho hasta ahora en el municipio de Arona, y que se extenderá a los otros juzgados, son cursos se formación para jueces, magistrados y jueces de paz.

Con estos cursos, en los también ha participado las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales, se pretende, explicó Ruano, que en la entrevista previa a materializar el matrimonio puedan deducir si el consentimiento para esta unión es libre o está viciado porque lo que se pretende es defraudar la norma para obtener el permiso de residencia.

El consejero explicó que en el sur de Tenerife esta vía ha dado resultados, no sólo con las 16 personas detenidas esta semana por pertenecer a una red que organizaba los matrimonios de conveniencia, sino también con otras detenciones.

No obstante, afirmó que el Gobierno de Canarias quiere que se produzcan modificaciones en la regulación de los matrimonios para evitar este tipo de fraudes.

La diputada de CC, Flora Marrero, indicó que de acuerdo con los datos del Instituto Canario de Estadística de 1994 el número de matrimonios en Canarias entre españoles y personas de terceros países era de 435 y en el año 2000 de 479 mientras que en 2006, el número ascendió a 1.368.

Marrero afirmó que los juzgados de Alicante bloquean de forma mensual tres matrimonios ‘blancos’ o de conveniencia y esta cantidad alcanza los cien en los juzgados de Madrid.

Se trata de un problema, agregó la parlamentaria, de todos los lugares donde existe inmigración y estimó necesario que se adopten medidas de control para evitar aquellas uniones cuyo fin exclusivo es eludir las normas de extranjería para obtener la residencia.