Condenados a ocho años por obligar a prostituirse a dos inmigrantes búlgaras

Diario Sur, MONTSE MARTÍN, 13-03-2008

Dos hombres de nacionalidad búlgara han sido condenados a cuatro años de cárcel cada uno por obligar a ejercer la prostitución a dos mujeres en el Polígono Guadalhorce de la capital. Las inmigrantes, búlgaras también, denunciaron los hechos y declararon en el juicio como testigos protegidos. La Audiencia de Málaga, por otra parte, absuelve a los dos acusados de un delito contra la integridad moral, al considerar que no ha quedado acreditado que los hombres hubiesen llegado a introducir sus dedos en la vagina de las mujeres para comprobar si había ocultado dinero procedente del trabajo, y también a una mujer de la misma nacionalidad que los anteriores, que había sido acusada de colaborar con ellos.

Los hechos se remontan a marzo de 2006 cuando los dos acusados llegaron a España procedentes de Italia, donde habían pasado una temporada acompañados de las dos mujeres. Una vez en Málaga, las obligaron a ejercer la prostitución en el Polígono Guadalhorce, donde eran vigiladas directamente por uno de los procesados, que al final de cada jornada les exigía el dinero obtenido mediante dicha actividad.

Los dos hombres retuvieron los pasaportes de sus compatriotas para tenerlas controladas y las amenazaron con castigos físicos para obligarlas a prostituirse. Así, en las escuchas telefónicas que permitieron la intervención policial, se pone de manifiesto que los procesados las amenazaba con darles palizas si entregaba menos de 200 euros de recaudación y en una de ellas se hace referencia al ojo amoratado de una de las inmigrantes.

La mujer procesada junto a los dos hombres por colaborar con ellos en el control y vigilancia de las inmigrantes, ha sido absuelta por el tribunal que entiende que fue «una víctima más, objeto de una concreta y probada agresión y cuyo pasaporte estaba, igualmente, retenido».

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Málaga impone a los dos hombres el pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar a cada inmigrante mediante el pago de 9.000 euros.

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