El relator especial de la ONU sobre el derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, afirmó ayer que está preocupado por el acceso a la vivienda en España para personas de bajos ingresos y grupos vulnerables, pero reconoció que el Gobierno ha dado “pasos positivos” en 2007.

El informe de este organismo sobre España critica el gran aumento de los precios experimentado en los últimos años, el escaso cupo de viviendas subsidiadas y la especulación inmobiliaria, entre otros aspectos. En su presentación ayer ante el Consejo de Derechos Humanos, Kothari afirmó: “Desde mi misión, las autoridades han tomado algunas medidas positivas”. Entre ellas, citó las ayudas para el alquiler establecidas para jóvenes y las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda para luchar contra el acoso inmobiliario.

Del centro a la periferia

Kothari, que visitó España en noviembre de 2006, insistió en que está “preocupado” por el acceso a una vivienda digna para las personas de bajos ingresos y grupos vulnerables, y dijo que los altos precios hacen que “los pobres se vean desplazados del centro de las ciudades a la periferia”.

También expresó su preocupación por la situación de los trabajadores inmigrantes, especialmente en el sur de España, donde en muchos casos viven en “viviendas claramente inadecuadas”.

El embajador de España ante la ONU, Javier Garrigues, en su respuesta al informe de Kothari, hizo una defensa de la política de vivienda española alegando, precisamente, que desde la misión del relator ya se ha puesto remedio a muchas de las deficiencias.

El diplomático destacó que en los 16 meses transcurridos desde la visita del relator “han variado de forma importante algunos indicadores como el incremento del precio de la vivienda, la construcción de vivienda protegida financiada por el Estado o la demanda de viviendas en alquiler”.

En su informe, Kothari señala, entre otros datos, que “en Madrid y Barcelona, los precios se duplicaron entre 1997 y 2007”, y que desde principios de la década de los 2000, sólo el 6,3% de las viviendas eran protegidas, contra una medida del 13,7% en la UE.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno en el último año, el embajador citó la aprobación de la Ley de Suelo “que lucha contra la corrupción y la especulación y favorece la sostenibilidad”, y dijo que se han dado pasos “para combatir el acoso inmobiliario y proteger e informar a los ciudadanos”.