La espiral de expulsiones en que estaba degenerando la crisis de los retornados ha obligado a intervenir a los ministros de Asuntos Exteriores de España y Brasil, Miguel Ángel Moratinos y Celso Amorim, respectivamente, quienes en una conversación telefónica que mantuvieron ayer acordaron convocar una reunión para la última semana de marzo en la que intentarán poner fin al conflicto.

La intervención de los ministros culmina una ofensiva diplomática iniciada con la reunión del embajador español Ricardo Peidró con la comisión de Exteriores del Parlamento brasileño y la que la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, mantuvo con el embajador de Brasil en Madrid, José Viegas.

En todos los casos, los representantes españoles insistieron ante sus interlocutores brasileños en que España cumple las normas de entrada de extranjeros a que está obligada como frontera exterior de la UE y negaron que se dé un trato incorrecto a los viajeros que son retornados a sus países de origen. Negaron, asimismo, que se discrimine a los inmigrantes brasileños. De hecho, de los 24.370 expulsados el año pasado, solo 3.083 (un 12,6%) eran de naturales ese país, una cifra inferior a la de los marroquíes y bolivianos retornados.

Un portavoz de Exteriores aseguró que todas estas reuniones se celebraron en «un ambiente muy cordial» y que los interlocutores brasileños mostraron una total comprensión por la presión migratoria que están sufriendo España y el resto de los países de la UE.

El director adjunto de la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras Exteriores, Gil Arias, negó ayer que ese departamento haya hecho indicación alguna al Gobierno español para que refuerce los controles de entrada de brasileños en la UE, aunque en los informes periódicos que elabora se indica el alto riesgo de entrada de inmigración irregular brasileña por España y Portugal.